La transición energética es uno de los debates más enquistados que sufre Cataluña. El país aspiraba, ya desde finales de la década pasada, a llegar al año 2050 con el 100% del consumo energético cubierto por fuentes renovables. El paso intermedio, el 2030, debía dejar el Principado en un 50%. Al cierre de 2024, no se había llegado ni siquiera al 20%, y el ritmo de instalación no acelera a suficiente velocidad. Víctor Cusí, presidente de la Asociación Eólica de Cataluña (EolicCat), es una de las voces empresariales que desde hace tiempo alerta de esta realidad: que las metas en términos de energía se vuelven cada vez más lejanas. El Gobierno de Salvador Illa ha intentado acelerar con la aprobación, casi sucesiva, del decreto 22/2025 de resiliencia energética y del Plan Territorial de Energías Renovables (PLATER), que ahora está explicando al territorio, y que debería servir para poner los cimientos materiales de una nueva generación de parques. En frente, como ya es tradición, una administración excesivamente lenta; y una oposición social que, según el dirigente patronal, «a menudo tiene algún interés privado detrás». Cusí recibe a Món Economía en la oficina de la consultora energética que dirige, Normawind, para hablar del estado de salud de los molinos catalanes, el camino que queda por recorrer y el esfuerzo de la administración por dejar una cierta vía libre, de una vez por todas, a los promotores.
¿En qué momento de salud se encuentra la transición energética en Cataluña?
Vamos muy lentos. Llevamos un retraso histórico de hace muchos años, y esto no se recupera en cuatro días. Ni tampoco en cuatro años. Hemos tardado mucho en cambiar las normas para tramitar proyectos nuevos. El decreto 16/2019 dio un arranque, pero la tramitación ha sido muy lenta. De hecho, de la multitud de iniciativas que se iniciaron en 2019, se han construido muy pocas. Alguna repotenciación, algún cambio de máquinas… Poca cosa nueva grande. Es cierto que hay proyectos grandes en cartera, muchos megavatios avanzados. Pero queda acabar de rematar para poder hacer algunos de ellos.
De cara al 2030, para llegar al objetivo del 50% del consumo energético proveniente de fuentes renovables, debíamos hacer como 4.000 MW de eólica, y no los haremos. Ya no hay tiempo material de aprobar todos los proyectos que serían necesarios y construirlos.
¿Descartan, entonces, esta primera meta?
Sí, ya se puede decir que es imposible llegar. Eso no significa que no tengamos que seguir haciendo los deberes, intentar que, si no debe ser el 2030, que sea 2033 (ríe). El Gobierno está haciendo un esfuerzo por cambiar las cosas; por identificar las barreras que hay y romperlas.
¿Qué es exactamente lo que ha pasado en Cataluña para detener todos estos proyectos que, sin ir más lejos, en Aragón sí que se han llevado adelante?
Primero, que hemos empezado muy tarde, mucho más tarde que otros territorios. Aquí no había un decreto de renovables que nos permitiera tramitar proyectos. Después, Aragón es una región muy despoblada; y eso significa que hay más zonas donde instalar renovables. Si estamos cerca de población, la gente se queja. Y en Cataluña nos pasa que, de las zonas que no están cerca de poblaciones, muchas están protegidas. Dicho esto, hay identificadas zonas de Cataluña donde hay viento, donde hay encaje ambiental, y, aun así, cuesta mucho tramitar.
¿Por qué?
El decreto 16/2019 estaba bastante bien, pero introduce algunos procedimientos muy lentos. Por ejemplo, el trámite de suficiencia -por el cual la administración debe comunicar al promotor si la documentación presentada es suficiente- se alarga más de nueve meses, cuando, inicialmente, se preveía que durara unas semanas. Esto no tiene sentido.
Es cierto que el nuevo decreto -el 22/2025 aprobado a finales de noviembre- agiliza algunas cosas. Por ejemplo, permite delegar algunos trámites a la Oficina de Gestión Empresarial (OGE). Aquí entendemos que no se tendrá que hacer toda esta cantidad de trámites. Ahora, enviamos a Energía la documentación; Energía lo envía a todos los órganos afectados; cada órgano dice si falta algún papelito… Y así, no terminamos nunca. Esto debería ser un checklist: aclarar toda la documentación que hace falta, comprobar que esté, y en cuestión de una semana, iniciar el proyecto. Después, está el tema de la exposición pública, que el decreto intenta acotar un poco más los plazos, aunque no lo hace demasiado. Lo más importante es que el plazo que se acuerde, se cumpla. No podemos estar atentos a informes extemporáneos, que llegan más tarde, pero a los que hay que hacerles caso igualmente. Así tampoco terminamos nunca.
Al final, un promotor está haciendo tres procedimientos: el ambiental, el urbanístico y el energético. Los decretos prevén que sean simultáneos, pero, al final, acaban siendo uno detrás del otro. Hay poca coordinación entre los Departamentos. Medio Ambiente te puede pedir una primera modificación, la aplicas y recibes la autorización. Pero luego llega Urbanismo y dice que ha vuelto a pedir informes -cosa que no debería hacer- y que el proyecto afecta una carretera nueva que se debe compatibilizar. Entonces tienes que volver a modificar el proyecto: hacer otro estudio arqueológico, otro estudio de biodiversidad, que vuelve a Medio Ambiente… Son muchas cosas que se pueden acelerar.
Por lo tanto, el problema no es tanto de la regulación. Son los ritmos a los que trabaja la administración.
Sí. Hay un problema de burocracia muy importante. Falta una coordinación general de todas las ramas desde el primer día. Hemos planteado que, cuando presentamos un proyecto, con todos los informes de todos los organismos que ya tenemos que pedir para todos los trámites, celebremos una audiencia con todos los encargados y pactemos conjuntamente el proyecto para sacarlo adelante.
Ahora, sin embargo, todas las competencias están en el mismo departamento -la superconselleria que dirige Sílvia Paneque-. ¿Ha cambiado la situación, eso?
No, porque cada una tiene su trámite. Reconoce que el Gobierno está intentando precisamente esto, tener una persona dentro del Departamento que vele por la buena coordinación entre todas las ramas. Pero esto es un proceso.
Todos los Gobiernos de los últimos años han defendido la transición energética. ¿Han notado acompañamiento por parte de ellos?
Últimamente nos están acompañando más. Sigo echando en falta una campaña de comunicación seria por parte del Gobierno -si la hacemos nosotros, siempre seremos sospechosos-. Deben explicar los problemas que tendremos si no hacemos la transición. La dependencia energética de Cataluña es brutal, de un 95%. Dependemos completamente de las nucleares, que se cerrarán. Y, además, el resto de energía la compramos fuera, porque, de renovables, hacemos muy poco. Y es la única manera que tenemos de garantizar una cierta independencia energética.
Hay discursos que comienzan a plantear si, en Cataluña, es o no posible una transición energética. ¿Pueden convivir los molinos y las placas con un respeto razonable de la biodiversidad y el suelo agrario?
Sí. De hecho, eso es lo que ha estudiado el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) con el Plan Territorial de Energías Renovables (PLATER). El PLATER no deja de ser un ejercicio de encaje de la Proencat en el territorio. De hecho, el 16/2019 ya preveía un plan como este. El ejercicio no es fácil, hay un montón de capas a analizar: distancias a carreteras, a casas, a núcleos urbanos, a zonas de avifauna protegida…
Pero también hay que ser un poco flexibles. No puede ser que todavía se apliquen restricciones que se han impuesto históricamente, pero que se ha demostrado que no tenían sentido. Con el águila perdicera, por ejemplo, hay mucho proteccionismo en el Departamento porque históricamente se consideraba que la energía eólica la podía afectar gravemente. Pero ahora ya sabemos que los parques eólicos pueden convivir perfectamente con el águila perdicera. Si te vas al Perelló, encontrarás águilas que hacen nido allí. En Vilalba, Corbera… Hay águilas que llevan años criando en convivencia con las renovables, y no pasa nada.
Por suerte, cada vez hay más águilas perdiceras en Cataluña; pero no podemos estar compitiendo a ver quién se queda el territorio. Debemos buscar la compatibilidad. Primero, porque ahora sabemos que el problema que intuíamos hace años no es tan grave como parecía. Y, segundo, porque tenemos herramientas para detectar aves, biólogos en el campo que vigilan la situación… Hay métodos para hacerlo compatible. Y esto lo hará el PLATER.
Recientemente, en conversación con Món Economía, el que fuera gerente de la patronal, Jaume Morrón, ironizaba que Cataluña es «pionera» en la oposición social a las renovables. ¿Qué ocurre en el país, para que tanta gente no las quiera?
Tenemos pocos espacios, y eso significa que siempre pisas algún callo. Casi siempre que aparece alguna plataforma contra las renovables en el territorio, hay intereses privados detrás -que pueden ser legítimos, pero que son de parte-. Hay que hacer mucha pedagogía, se debe explicar muy bien que no hay más remedio que poner placas fotovoltaicas y aerogeneradores. No digo que debamos ser 100% renovables, pero dependemos muchísimo del exterior y de combustibles fósiles. Cuando Europa dice que cada país debe ser autosuficiente en energía, Cataluña no puede quedar atrás. Cada caso se debe tratar con el respeto que merece, pero también con liderazgo.
Otros países, como Alemania, han resuelto el problema ofreciendo contraprestaciones muy evidentes a la población afectada por las renovables. ¿Se puede hacer esto, en Cataluña?
Es complicado. El mercado energético está regulado, y desde Cataluña podemos hacer bien poco. Es tarea de la administración crear compensaciones, asegurar que los beneficios que crean las renovables reviertan más directamente sobre las zonas que las acogen. Es cierto que no terminamos de encontrar la manera de hacerlo. Hay alcaldes que lo han sabido hacer: utilizar los impuestos locales que generan las renovables, que no son pocos, para invertir en iniciativas para fijar la población. Formación, industria de mantenimientos…
Entre la oposición a las renovables, sin embargo, la voz que más se escucha es la de los campesinos. ¿Pesa mucho la palabra del campesinado a la hora de detener la transición energética?
Es un problema grande para la fotovoltaica, pero con los parques eólicos, no tanto. Tiene la ventaja de que es vertical y, por lo tanto, la huella sobre el terreno es pequeña. En la Terra Alta, las viñas llegan, prácticamente, a tocar el aerogenerador. Es una alternativa muy buena para la agricultura, porque genera unas rentas para los campesinos que se pueden reinvertir en el cultivo.
El problema de la eólica es más de impacto visual. La gente se queja de que el paisaje cambia -y es así, lo debemos asumir-; y que esto les afectará económicamente. El sector turístico, por ejemplo, opina que la gente ya no estará interesada en visitar las regiones. Yo los animo a darle la vuelta, y asocien sus marcas a las renovables. Muchos fabricantes de cerveza del Mar del Norte, por ejemplo, han comenzado a ponerlo en las etiquetas.
¿El PLATER será capaz de limitar la palabra de la oposición a las renovables?
Si el plan identifica las zonas buenas para colocar renovables, que pienso que lo hará, es perfecto. Igualmente, tendremos que hacer una tramitación, que no será sencilla. Pero ya sabremos qué zonas son compatibles. No se podrá hacer todo, pero, al menos, se habrá podido consensuar los puntos básicos con el territorio. Otra cosa es si se consigue aprobar con un cierto consenso.
¿Por qué cuesta tanto, políticamente, desbloquear avances en términos energéticos?
En general, los partidos están de acuerdo en que la transición energética se debe hacer. Pero, cuando aterrizan en medidas concretas, es mucho más difícil. Tienen gobiernos municipales que, cuando llega un proyecto, se oponen. Esto hace que cueste muchísimo llegar a un consenso. Se necesita mucho liderazgo, y hace muchos años que Cataluña no tiene uno claro. Si tienes un Gobierno con mayoría absoluta, tira millas con decretos-ley. Aquí, las cosas cuestan mucho más.
¿Esperan que el PLATER ablande las resistencias del mundo municipal?
En principio el PLATER ha identificado más zonas de las necesarias para alcanzar los objetivos catalanes. Esto debería dar más margen a los municipios para decidir dónde colocar los parques. También están las cuotas de potencia, que marcan cuántos MW deberá haber en cada comarca. Esto será importante para la eólica, porque está más concentrada que la fotovoltaica. El viento está en determinadas zonas; no tiene sentido poner máquinas donde no hay viento, porque se necesitarán muchas más, y tendríamos que subir los precios de la electricidad para hacerlos viables.
Uno de los retrocesos que ha tenido que hacer el Gobierno para validar el decreto ha sido la declaración de interés público superior para todas las renovables, que estaba en verano y ahora, ha desaparecido. ¿Qué efecto tendrá, esta concesión a ERC y Comunes?
Tenía un valor más simbólico. Hay una directiva europea que considera que las renovables son de interés público superior, que aún no se ha transpuesto; pero no debería ser necesario acudir a un juez para reivindicarlo cada vez, porque a menudo no vale la pena pasarse cuatro años peleándose en los tribunales. Esto llegará. Yo lo veía más como una apuesta por las renovables, un dejar claro que tenemos prisa. Es una pena que no se haya incluido, pero el efecto se notará poco.
El sector ha valorado el decreto como un buen primer paso. Pero tampoco tenemos mucho tiempo…
El decreto ha intentado resolver algunas cositas que quedaban pendientes del 16/2019 para mejorar tramitaciones. La figura que nos debe dar el empuje definitivo, sin embargo, es el PLATER. De hecho, el anterior decreto ya era un tránsito, un mientras tanto que al final ha durado seis años.
Permitir delegar en la OGE es importante. También es importante el tema de baterías, que estaba cojo, porque aún no se había planteado en la anterior legislación. Ahora, tenemos una figura clara para cada caso. Y aclara algunas cuestiones sobre proyectos en suelo urbano que eran importantes. Comunidades energéticas… Es una mejora del 16/2019 para seguir adelante hasta que entre en vigor el PLATER.
¿Con el decreto y el Plan Territorial, será suficiente para acelerar los proyectos?
Tenemos otro problema grande, que es que hace falta que se liberen puntos de conexión a la red eléctrica. Esto depende del ministerio. Como las cosas en el Estado iban bien, al ritmo que tocaba, el gobierno español decidió congelar la concesión de nudos de evacuación para evitar la especulación, o una concentración demasiado elevada de proyectos. Pero en Cataluña no íbamos tan bien, y esto nos afecta mucho. Prácticamente no hay zonas donde se puedan conectar nuevos parques a la red. Aquí no tiene lógica tener secuestrada esta capacidad. Y es difícil saber si hay algún avance. Aquí planteamos que se libere parte de la capacidad detenida para conectar algunos parques pequeños. Con las dificultades que hay en el país para activar proyectos grandes, quizás esta es una primera solución.
En el pleno del Parlamento que sirvió para validar el decreto de renovables se reprodujeron varios discursos a favor de las nucleares. Es una tendencia que se ha notado más desde el apagón. ¿Temen por este impulso para ampliar la vida de las centrales?
No es una sorpresa. Las empresas que tienen las plantas nucleares han estado calladas durante muchos años. Se hace un discurso curioso, porque hacen parecer que la energía nuclear es muy barata. No lo es, es mucho más económica la renovable. Es un error más de cómo se ha hecho la transición energética: hemos perdido el tiempo durante no sé cuántos años.
Si hablas con gente de Red Eléctrica, te dirá que, cuando apaguemos las nucleares, no nos quedaremos sin electricidad. Está todo previsto. El problema sigue siendo que, si no hacemos el trabajo aquí, la energía vendrá de fuera.
