Cataluña se encuentra, año a año, cada vez más lejos de sus objetivos en cuanto a la transición a las energías renovables. El último informe de situación del Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña (OBERCat) revela que la nueva capacidad de generación de energía verde al país el 2023 fue de 34,39 megawatts. Se trata, según el mismo organismo, de cuatro veces menos que el 2022, cuando la nueva generación instalada frotó -ya entre críticas del sector por la exigua evolución- los 130 MW. Con este ritmo, la cobertura de demanda eléctrica del país por parte de las fuentes renovables –eólica, solar, hidroeléctrica y otras tecnologías de generación menos relevantes- se sitúa en el 13,6% del total, seis décimas por debajo de un año antes. Así, la cifra se encuentra a años luz del objetivo de la Prospectiva Energética de Cataluña (PROENCAT): el plan aprobado por la Generalitat el curso pasado establecía como objetivo prioritario llegar a uno 50% de cobertura en 2025. Menos de un año y medio antes, pues, la rendija es de más de 36 puntos porcentuales.
La entidad detecta, como la mayoría del sector renovable del país, un importante problema administrativo. Los procesos para tramitar la instalación de los parques necesarios para cubrir con energía verde la demanda del país es, opinan desde OBERCAT, un «embudo» para las metas catalanas. De hecho, el mismo estudio recoge que, de los más de 6,7 GW de nueva potencia eólica instalada presentada a las administraciones, solo se estarían tramitando poco más de 793,4 MW, poco más de un 11% de la cartera potencial. Justo es decir que la misma prospectiva se marcaba el reto de lograr más de 3.900 MW de nueva potencia instalada en 2030; cinco veces la proyectada actualmente. El periodo de tramitación administrativa -desde la presentación del proyecto hasta que su construcción recibe el sí de la Generalitat- se alarga hasta los 1.500 días, según denuncian los mismos expertos. De hecho, los 15 proyectos de parques eólicos que permanecen a la espera de la burocracia del país muestran una media de espera para recibir la Autorización Administrativa Previa y de Construcción de 1.112 días, unos tres años y pico.
En cuanto a la energía solar, la autorización ha sido más acelerada, con unos 133 proyectos para una capacidad de generación de 1.470 MWn. En estos casos, el tiempo de espera para finalizar los trámites necesarios se ha alargado por encima de los 700 días, frotando los dos años. Todo y el mejor rendimiento, el Observatorio apunta que solo se encuentra en trámite un 32% de la potencia solar que la Proencat calcula necesaria para lograr los objetivos marcados para el 2030. Hoy por hoy, han recibido una declaración de impacto ambiental favorable más de una treintena de instalaciones, con una potencia de poco más de 833 MW; si bien permanecen a la espera de los permisos constructivos. Todo ello, apunta la organización, se ve agraviado por la carencia de personal administrativo encargado de la fiscalización del mundo renovable en la Generalitat: según el informe, «el mecanismo empleado por la administración para cubrir la necesidad de profesionales para impulsar la tramitación de renovables se ha mostrado débil y provisional»; con contratos de trabajadores de una duración de trenes años que generan una «pérdida inmediata de capacidad para tramitar, además de conocimiento y experiencia».
Recetas para el cambio
La primera reclamación que pone el observatorio sobre la mesa es de carácter político: la creación de un departamento específico de Transición Energética en el Gobierno saliente de las elecciones del 12-M -si hay-; del cual cuelgue una Secretaría General de Energía «con la participación y la colaboración otras áreas, sin supeditar las políticas energéticas». En este sentido, exigen que el «liderazgo» de la Generalitat se vea reflejado también en la mejora de los procesos burocráticos; con cuestiones que hace años que el sector pone sobre la mesa, como por ejemplo el facilitación administrativo a través de declaraciones responsables, así como el silencio positivo en cuanto a las autorizaciones ambientales y constructivas «como norma general». También se contempla la presunción de interés público superior en la instalación de parques renovables e infraestructuras de acompañamiento -como por ejemplo las conexiones a la red-, hecho que evitaría, por ejemplo, el freno que actualmente suponen las comisiones de urbanismo municipales, repetidamente denunciado por empresarios y expertos.
Conflictos y adelantos en renovables
El informe llega una primera mitad de junio especialmente activa en el terreno renovable, si bien no siempre a favor de las nuevas instalaciones. Este mismo martes, el departamento de Acción Climática ha autorizado definitivamente la construcción del parque eólico Galatea, al término municipal de La Jonquera. El acuerdo a que la administración ha llegado con Endesa, la gestora de la instalación, activará cerca de 49 megawatts en una zona no urbanizable de la localidad ampurdanesa. La compañía energética podrá construir, así, nuevas líneas de evacuación de la energía generada, con conexiones aéreas y sepultadas. El sí de la Generalitat, justo es decir, choca con la oposición tanto del Ayuntamiento como de las entidades ecologistas del territorio, que critican que haya sido un ejecutivo en funciones quienes ha desbloqueado el proceso.
Pocos días antes, justo es decir, la Ponencia de Renovables de Cataluña había hecho caer tres nuevos parques eólicos en las comarcas de Poniente por su interferencia al hábitat de dos parejas de águilas doradas. Se trataba de tres iniciativas propiedad de la compañía Forestalia, la aragonesa responsable de buena parte de la nueva instalación en el nordeste de la Península. Las tres estructuras hubieran sumado unos 85 nuevos MW instalados a la demarcación de Lleida; y la negativa de la administración ha levantado la indignación tanto de los ayuntamientos de la zona, «favorables» al aterrizaje de los molinos, como del empresariado que se dedica.
