El Tribunal Supremo ha dado la razón en el gobierno español en el conflicto con Abertis por las obras de ampliación de la AP-7. En una resolución comunicada este mismo lunes, la Sala Tercera ha negado que el estado español tenga que indemnizar a Acesa, filial de la multinacional de infraestructuras, por la totalidad de las obras de ampliación de la autopista. La concesionaria de los servicios viarios reclamaba un pago adicional de 4.000 millones de euros por la intervención realizada en 2006, el coste de la cual asumió la misma compañía. Al acabar la concesión en 2021, Moncloa abonó cerca de 1.070 millones de euros en concepto de compensación -una cantidad que la empresa consideraba insuficiente, en cuanto que reclamaba más de 5.300 millones-. Finalmente, el juez ha decretado un pago de 32,9 millones de euros, muy lejos de la cifra que reclamaba el grupo.
Los argumentos de la constructora apuntaban a un error en la fórmula matemática utilizada por el ejecutivo para calcular las compensaciones adecuadas por el esfuerzo financiero que supuso la ampliación del 2006. Según Acesa, el acuerdo con el Estado contemplaba una garantía de tráfico mínimo que obligaba las administraciones a compensar económicamente la compañía si los vehículos que usaban la infraestructura eran menos de los previstos. En este punto diverge el Supremo, que apunta que el contrato incluye únicamente una referencia a la compensación por inversiones realizadas, sin ninguna mención de la garantía de tráfico. El alto tribunal ha ido más allá, de hecho, y ha asegurado que compensar a una concesionaria de autopistas por el bajo uso de las infraestructuras iría contra el mercado, en cuanto que «eliminaría el riesgo» de las inversiones.
Pequeña victoria
Los 32,9 millones que el tribunal establece que se tienen que abonar a la filial de Abertis responden a la segunda reclamación de la compañía, la menor de las presentadas ante la Sala Tercera. Según Acesa, la compensación entregada por el Estado en 2021 se había hecho sobre unas inversiones de 505 millones de euros, mientras que la dedicación total a la ampliación de carriles fue de 555 millones. La compañía reclamaba la diferencia -50 millones de euros- si bien el tribunal reconoce solo parcialmente el agravio, y lo rebaja hasta la cifra antes mencionada. Menos a celebrar tienen en cuanto a la compensación por la reducción de tráfico por la AP-7 a raíz de los desdoblamientos de la N-II en Girona y la N-340 en Tarragona. La multinacional cifraba esta reclamación en unos 203 millones de euros, que finalmente no serán abonados. El TS reconoce que, efectivamente, el acuerdo de compensación contemplaba este hecho, si bien en cuanto que la construcción fue menor de la esperada, niega que se pueda demostrar una afectación «considerable» sobre el uso de la autopista.
