El gobierno español esquiva la oposición de la derecha española, a la cual se han sumado Junts y el PNB, en el bloqueo al impuesto a las energéticas. En el último Consejo de Ministros del curso, Moncloa ha sacado adelante el decreto ley para recuperar el gravamen para 2025. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados debe convalidar la medida, lo que, atendiendo a los recientes movimientos de juntaires y jeltzale, puede quedar fuera del alcance de Pedro Sánchez. Sin embargo, el ejecutivo ha introducido varios cambios y compromisos para evitar la oposición vasca y catalana: en concreto, se ha comprometido a convertir el gravamen en un impuesto permanente que permita la concertación con las haciendas forales navarra y vasca; y recoge importantes bonificaciones a las inversiones estratégicas en descarbonización y transición ecológica que lleven a cabo las compañías afectadas.
Con este movimiento, Moncloa concede margen a compañías como Repsol para reducir la cantidad que deberían abonar por el gravamen con iniciativas como las del complejo petroquímico de Tarragona, que pendía de un hilo tras las amenazas del consejero delegado de la multinacional, Josu Jon Imaz, de retirarlas en caso de que el impuesto se mantenga. El resto de condiciones se mantienen a niveles similares: la tasa grava un 1,2% de la facturación a las compañías energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, con la exclusión de los negocios regulados y las actividades fuera del Estado español y de la península. El golpe hacia las compañías, pues, sería similar; si bien se podría paliar en los casos que haya estrategias de descarbonización de las cadenas de valor. El ejecutivo, entonces, busca acercar a sus dos socios de investidura más inestables en las últimas semanas para convalidar el decreto y cumplir así con el acuerdo que firmó con las izquierdas soberanistas -ERC, Bildu y el BNG- para aprobar la escasa reforma fiscal que adhirió al impuesto del 15% a las multinacionales.
Oposición política y empresarial
Las primeras reacciones al acuerdo en el Consejo de Ministros no han dado la bienvenida a la prórroga del gravamen. El Partido Nacionalista Vasco, pocas horas después de que culminara la reunión del ejecutivo, alertó que no confían en los compromisos de Moncloa de transformar la tasa en impuesto para que las haciendas forales vasca y navarra lo puedan gestionar. Fuentes jeltzale aseguran que el impuesto «atenta directamente contra la línea de flotación y el corazón del autogobierno», y critican a EH Bildu por su apoyo. «¿Cuál es la novedad? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá el gravamen?», cuestionan los nacionalistas, que reclaman que «si se ha de subir la fiscalidad, que se revise el impuesto de sociedades». Por otro lado, las compañías afectadas no parecen satisfechas con los cambios aplicados. Varias organizaciones patronales del sector han coordinado un comunicado para denunciar una medida que «resta competitividad industrial e incrementa la inseguridad jurídica en el sector». A pesar de los beneficios a la descarbonización, además, critican que «ofrece una señal contraria al proceso» de transición ecológica que aseguran estar llevando adelante. Así, todo parece indicar que el gobierno de Pedro Sánchez volverá a tropezar con el no del Congreso.
Las condiciones de la descarbonización
Según registra el decreto, las deducciones se podrán aplicar al nivel que haya «una reserva indisponible para la realización de inversiones estratégicas» -es decir, siempre que las compañías afectadas destinen un importe cerrado y previsto a este tipo de transformaciones-. A fin de poder aplicar esta desgravación, las compañías cotizantes deberán solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica un informe sobre su hoja de ruta inversora, y que este confirme si las actuaciones son, de hecho, estratégicas según los parámetros del Estado. La administración tendrá tres meses para responder a los afectados, con aplicación de silencio negativo -es decir, si no hay comunicaciones, la demanda quedará denegada-. Las multinacionales podrán comenzar a aprovisionar su reserva a partir del día 25 de diciembre, cuando entra en vigor la medida. En caso de que el importe dedicado, que deberá constar contablemente en los balances, sea inferior al monto del gravamen, las deducciones se quedarán en un 10%; mientras que, si lo supera, podrán escalar entre el 30 y el máximo del 60%. Además, las bonificaciones serán compatibles con aquellas que puedan generar los procesos de descarbonización sobre el impuesto de Sociedades.
