La derecha española y sus patas empresariales salieron coordinadas del apagón eléctrico del 28 de abril. Pocas horas después de que se recuperara la red energética en todo el Estado, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dedicó sus primeras declaraciones a una batalla histórica de los conservadores que parecía perdida hace tiempo: las nucleares. Contundente, como es habitual, contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, el gallego exigió «rectificar» el cierre de los reactores previsto para el período 2030-2035, como parte de la transición energética española. Para Feijóo, el enfoque en la eólica y la fotovoltaica como motores principales del mix energético español era «un absoluto disparate elevado a la enésima potencia». Un mes y poco después, aquellas declaraciones -compartidas, entre otros, por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre-, intentan convertirse en ley, con la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados de un proyecto del PP para, precisamente, alargar la vida de las centrales que serán sentenciadas en el año 2030: Ascó I, Almaraz I y II y Cofrentes. Con los votos a favor de Vox y la abstención de Junts per Catalunya, los conservadores españoles buscan complementar el cambio de modelo eléctrico con una energía que consideran «limpia y verde». La ofensiva popular choca con las tesis de expertos energéticos y agrupaciones ecologistas. «El sistema eléctrico del futuro será bueno porque no será nuclear«, asegura el empresario y expresidente de la Comisión de Energía de Pimec, Joan Vila.
Para Vila, el retorno de las nucleares al proyecto energético del Estado para las próximas décadas es «una cuestión puramente ideológica», sin fundamento material. «Es una tontería, de niños pequeños», llega a espetar. A su parecer, de hecho, mantener con vida los reactores será más un problema que una ayuda a medio plazo. «Las nucleares y las renovables son, llegado a cierto punto, incompatibles, porque ambas necesitan ir acompañadas de generación gestionable, y la nuclear no lo es», reflexiona el que fuera director general de la papelera gerundense LC Paper. Es decir, la lentitud de la gestión de los reactores nucleares -difíciles de apagar, y aún más difíciles de encender y reincorporar a la red- provoca antisinergias con las renovables, que exigen un margen eléctrico a su lado, que se pueda retirar cuando esté entrando mucha generación y recuperar cuando se necesite potencia. Un rol que corresponde, por ejemplo, al ciclo combinado de hidrocarburos, o a la energía hidráulica. En este sentido, el exrepresentante patronal reivindica mantener una presencia suficiente de estos ciclos combinados que sirven de colchón para la eólica y la fotovoltaica. «El día del apagón, la generación gestionable en el Estado era del 23%, mientras que los días anteriores era del 33%», rememora. Es decir, el hueco aquel día vino por los ciclos combinados, y no por la falta de nucleares.
En un sentido similar se expresa el experto en renovables y exgerente de la asociación EolicCat, Jaume Morron, quien recuerda que la nuclear «no ha solucionado nada» tras el apagón. «No ayudó a recuperar el sistema. De hecho, tardó dos semanas bien buenas en reincorporarse a la red», sostiene. De hecho, según los datos de Red Eléctrica, Cataluña está sobreviviendo las últimas semanas con una aportación nuclear de un tercio de su capacidad total. El reactor de Ascó 1 acaba de reconectarse tras solucionar una fuga en el circuito primario, mientras que Ascó 2 se encuentra en medio de un proceso de mantenimiento y recarga de combustible. «¿Solo entran 1.000 MW de los 3.000 que tenemos, y se ha ido la luz al país? No», sentencia Morrón. En este sentido, niega los argumentos que han puesto sobre la mesa los partidos catalanes en el Congreso de los Diputados, que temen por la seguridad energética en el Principado tan pronto como se apaguen las tres centrales activas. Para Vila, de hecho, los dos reactores de Ascó y el de Vandellós suponen, por ahora, una carga para el proyecto energético catalán renovable. «Es un pez que se muerde la cola: como tenemos la nuclear, no hacemos los deberes. No es cierto que necesitemos la nuclear a largo plazo», añade el empresario. Morron está de acuerdo: «dejar abiertos los reactores es la mejor manera de evitar que Cataluña haga la transición energética».
Presiones «ideológicas» y empresariales
Además de su mal encaje en el mix energético al que aspira Cataluña, la nuclear sufre un problema de costos. Es, recuerdan los expertos, mucho más cara que la producción renovable. Un informe de la consultora PriceWaterhouseCooper sitúa el coste de la producción nuclear cerca de los 70 euros el mw/h, «similar al que tiene Francia; quizás incluso un poco más caro porque la red allí está más optimizada», apostilla Morron. Por el contrario, la generación eólica cuesta entre 40 y 45 euros y la fotovoltaica, entre 30 y 35. «Los consumidores no tienen por qué pagar 70 euros el MWh para mantener el negocio de estas empresas», argumenta el exgerente de EolicCat, que reprocha al sector nuclear «no haber sido capaces de ofrecer un precio competitivo 71 años después de empezar a operar». De hecho, sostiene que los nuevos proyectos de reactores «solo son viables allí donde se subvencionan», como en China, en Rusia, en la misma Francia o en el Reino Unido, que prepara dos nuevas centrales participadas al 80% por el estado. «Será la misma economía la que expulse la nuclear, porque no es viable», resuelve.
En este sentido, Vila atribuye el retorno del discurso pronuclear a «la presión del lobby eléctrico» para sostener su negocio más tiempo y, además, hacerlo menos barato, reduciendo los costos de gestión de los residuos nucleares pactados con la empresa pública Enresa. Las compañías energéticas titulares de los reactores españoles son Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, un tejido corporativo que «no querrá mantener el servicio si no es rentable. Si no ganan dinero, querrán cerrarlas», subraya Morron. Para el experto, sería «inadmisible» que el ente público permitiera reducir el precio de la gestión de residuos, en tanto que «todo el mundo debe hacerse cargo de las externalidades que genera su actividad». En el mismo sentido apuntan varias organizaciones ecologistas, como Greenpeace, que tildan a la derecha española de «partidos aliados de las grandes eléctricas». «Ha de valer el principio de quien contamina, paga, y los costos de la prolongación y de los residuos los deben pagar las empresas propietarias, y no los usuarios o los contribuyentes», razona Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra la energía nuclear de la entidad ecologista. En un comunicado, además, alertan que la propuesta del PP «abre la puerta a gastar una millonada para salvar el ruinoso sector nuclear».
Baterías para Cataluña
Con todo, tanto los expertos consultados como las entidades ecologistas esperan que el proyecto de ley no tenga recorrido. «Deseo que los siete diputados de Junts, cuando llegue el momento, sopesen mejor su voto», reclama Morron. Para Vila, la posición de los independentistas es un problema territorial: los ayuntamientos próximos a las centrales, muchos de ellos con mayoría juntaire, quieren conservar los rendimientos que generan las centrales para el municipio. «Hay intereses políticos internos en ciertas áreas, pero el gobierno español debe priorizar el interés común», declara el empresario. En este sentido, el conjunto del sector reclama profundizar la expansión de las energías renovables en Cataluña, así como de la infraestructura de conexión y almacenamiento necesaria para hacer la red sostenible. Morron elogia el decreto 12/2025, aprobado hace dos semanas, que pretende «aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Cataluña». En él, el Gobierno otorga a los proyectos de renovables el carácter de interés público superior, lo que los hace prevalecer sobre otras cuestiones cuando existan «intereses contrapuestos».
Se trata de una adaptación de un reglamento europeo de 2022, que sostiene que los proyectos de renovables deben tener más prioridad que otros intereses públicos y, por tanto, estos deben adaptarse a la necesidad de las plantas. El decreto ha sido muy criticado, por ejemplo, por la agricultura, que reprocha que sitúe la generación verde por encima del interés de cultivo de las tierras donde se ha de situar. «No nos engañemos, los agricultores necesitan el terreno para los purines, no para cultivar alimentos», remata el exgerente de EolicCat. Vila, por su parte, es menos optimista. La norma -que aún debe convalidarse en el Parlamento-, deja margen para que las iniciativas renovables todavía choquen con la burocracia municipal, a menudo tan problemática como el control de la Generalitat. «El decreto es muy bonito, pero a ver cómo lo ponemos en práctica», ironiza.
