Las organizaciones de la sociedad civil catalana presionan para solucionar las deficiencias en la movilidad del Principado que han estallado con el caos de las últimas semanas. Tras anunciar una nueva comisión empresarial para ordenar el estado «lamentable e inaceptable» de la red ferroviaria, la Cámara de Comercio de Barcelona ha centrado también su atención en la infraestructura vial. En pleno colapso de la AP-7, después de varios cierres a raíz del desprendimiento de un talud que causó el accidente ferroviario en Gelida, la corporación plantea un giro drástico en la gestión de las vías de altas prestaciones en todo el Estado: el regreso de los peajes. Con este movimiento, los expertos buscan aumentar los ingresos finalistas para el cuidado de autopistas, autovías y carreteras, y «garantizar el mantenimiento de una red en buen estado de conservación y seguridad».
El nuevo sistema tarifario que defiende la Cámara se fundamenta en las recomendaciones de la Unión Europea que el gobierno español ha ignorado sistemáticamente desde 2021, cuando finalizó el contrato de concesión con Autopistas/Abertis y el Estado se hizo cargo de las vías de altas prestaciones: el pago por uso. El modelo, defienden, debería ser «único y equitativo para todo el Estado», y se debería garantizar que los ingresos generados se dediquen únicamente a mantener y mejorar las vías de tránsito. «Sin un modelo estable de financiación, el deterioro de la red vial continuará aumentando», argumentan desde la entidad; como se ha hecho evidente con el hueco que ha dejado el gobierno español en la AP-7, colapsada y mantenida por debajo de las necesidades de los conductores catalanes. La arteria catalana, ya antes del incidente en Gelida, «operaba al límite de su capacidad», con un incremento del 37% del tráfico de vehículos ligeros y del 55% en camiones de mercancías desde 2021. «Esto se ha traducido en más congestión, siniestralidad y desgaste en la infraestructura», alertan desde la organización que lidera Josep Santacreu.
Desde 2021, con el mantenimiento de las autopistas dependiendo de los presupuestos generales del Estado, «más de la mitad de las carreteras presentan un deterioro grave o muy grave». En paralelo, el ejecutivo en general y el ministerio de Transportes en particular ha ido recortando la inversión anual efectiva en mantenimiento, que «es claramente insuficiente para revertir esta situación», como ha demostrado la crisis de movilidad que padece Cataluña desde el 18 de enero.
Además, la ausencia de una financiación finalista incumple el compromiso que adquirió la Moncloa con la UE «de establecer un mecanismo de pago para el uso de las carreteras estatales» en 2021. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, cabe recordar, retiró este acuerdo con Bruselas a cambio de nuevas medidas para favorecer el uso del transporte ferroviario, financiadas con el Plan de Recuperación. Un transporte ferroviario ahora en entredicho en todo el Estado, y especialmente en Cataluña, hasta el punto de que los usuarios han abandonado el tren en favor de medios alternativos, o han abandonado las previsiones de viajar, según los expertos.
Traspaso integral
Más allá del nuevo modelo de gestión, la Cámara de Barcelona se suma a la llamada que ya han hecho organizaciones del sector de la movilidad, como el RACC, para un traspaso integral de la gestión de las carreteras del Principado a la Generalitat. La corporación reclama, de esta manera, emular el modelo que ya ha funcionado en la comunidad autónoma Vasca, donde las autopistas, autovías y vías alternativas ya dependen de las decisiones de la Lehendakaritza. Una cesión a la Generalitat permitiría, según los expertos, «una gestión integral de la red desde todos los puntos de vista»; así como una inversión más eficiente y cuidadosa según las necesidades del territorio. De hecho, recuerdan que el Gobierno ya planteó, antes de la pandemia, un sistema de viñeta, con una tarifa plana para toda la red, que debería haber servido como modelo transitorio para llegar al sistema de pago por uso y distancia. El proyecto que puso sobre la mesa la Generalitat habría aportado 1.000 millones de euros finalistas para el cuidado del tejido vial, si bien «acabó en el cajón por la ausencia de un modelo claro a escala estatal».
