El gobierno español vuelve a chocar con la pared del impuesto a las energéticas. Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco han dado su apoyo al Partido Popular y Vox para derogar el artículo que fundamenta el gravamen temporal a las principales compañías del sector en el Estado. Los conservadores españoles aprovecharon su mayoría en el Senado para introducir una enmienda a la reforma fiscal de Pedro Sánchez que eliminaba el fundamento legislativo de la tasa -hecho que, por tanto, imposibilita el Decreto pactado con ERC, el BNG y Bildu para prorrogarlo-. Ahora, ya en el Congreso de los Diputados, juntistas y jeltzales han dado apoyo a la medida, que frena las intenciones de Moncloa a corto plazo. Los portavoces de ambas formaciones, Aitor Esteban y Míriam Nogueras, han insistido en que no dejarán pasar ninguna medida que arriesgue las inversiones de compañías como Repsol en el Principado y en los tres territorios históricos. Los nacionalistas vascos, además, añaden que «su configuración actual de carácter no tributario impide ser recaudado por las haciendas forales» -es decir, por los gobiernos vasco y navarro-.
A pesar del rechazo de estas bases, cabe decir, el ministerio de Hacienda prevé preparar un nuevo decreto que permita prorrogar el impuesto «antes de que acabe el año». El equipo de María Jesús Montero, de hecho, prevé tener el texto listo para el lunes próximo. Ahora bien, cualquier decisión de este tipo por parte del Consejo de Ministros deberá ser ratificada por el pleno de la cámara baja, y Junts ya ha avisado que, a priori, tendrá su voto negativo. «El mensaje es muy claro: no pondremos en riesgo los puestos de trabajo del Camp de Tarragona, las inversiones estratégicas en Cataluña ni las competencias catalanas», ha rematado Nogueras; quien considera el pacto con las izquierdas soberanistas «un impuesto falso». Más allá del impuesto a las energéticas, el Congreso ha sacado adelante el paquete de medidas propuesto por Sánchez alrededor del gravamen obligatorio del 15% a las empresas multinacionales, transponiendo una directiva europea que busca garantizar que las compañías con facturaciones iguales o superiores a 750 millones de euros hagan su contribución correspondiente al erario público.
ERC y Bildu, al ataque
Tras la decisión, las izquierdas soberanistas catalana, vasca y gallega han sido contundentes contra la posición del PNB y Junts. Según fuentes de ERC, BNG y Bildu, nacionalistas y juntistas han «apuntalado y reforzado las estrategias e intereses de la derecha española» con su decisión. Ahora bien, los tres dan por hecho que Hacienda lanzará un nuevo decreto en este sentido; un escenario que defienden que «ya se contemplaba en las negociaciones» que los tres partidos mantenían con el equipo de Montero. De hecho, garantizan que el impuesto estará en vigor a inicios de curso; y lanzan cualquier duda empresarial hacia Esteban y Nogueras. «Si esta situación genera algún tipo de inseguridad jurídica o desajuste en las previsiones de las empresas obligadas por el gravamen, es y será responsabilidad de quienes apoyan la enmienda: Junts y el PNB», declaran.
