Si Cataluña tuviera solo un agujero a su currículum, sería el de la energía renovable. Hasta el 2023, el historial del país en cuanto al adelanto de la transición energética no era ni mucho menos el más brillante. El curso pasado, pero, supuso una mancha negra a un expediente ya poco halagüeño. Según las cifras del Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña (Obercat), entre nueva instalación solar fotovoltaica y eólica, el Principado ganó poco menos de 35 megawatts de potencia verde, unas cifras cuatro veces inferiores a las del genes salido bien 2022. Al ritmo actual, reiteran los expertos, los objetivos de la Prospectiva Energética de Cataluña (Proencat), que dibujan un país energéticamente verde en 2050, se alejan cada vez más. «Llevan un retraso de cinco años que difícilmente podremos recuperar», lamenta el empresario Joan Vila, experto en el sector y expresidente de la comisión de energía de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec. Las trabas administrativas, unidas a una oposición social creciente en ciertos lugares de la geografía catalana y a unos criterios urbanísticos genes unificados -que, a parecer de la industria, ofrecen demasiada agencia a las corporaciones municipales para rechazar este tipo de proyectos- paran un desarrollo potencial que, a parecer de Obercat, se acerca a los 19 gigawatts, poco más o menos cinco veces la capacidad actual, que vuelta los 3,7GW. Con un nuevo ejecutivo, apuntan desde la industria, «se abren nuevas oportunidades», unidas a palancas tecnológicas como la capacidad de almacenamiento o las cadenas de valor del biometano. El reto de Salvador Isla y la consejera de Territorio, Transición Energética y Vivienda Sílvia Paneque, pues, rae a «volver a instalar los 1.000 MW del Proencat, e introducir las nuevas capacidades de balance en la red eléctrica», argumenta Vila.
Para el empresario -y no es el único-, la gran batalla de las renovables en Cataluña es narrativa. Enfrente la oposición que sectores del campo, así como formaciones políticas de colores diversos plantean ante la nueva instalación, Vila hace un llamamiento a «crear un relato que convenza al ciudadano de la imprescindible penetración» de las nuevas tecnologías. coincide el que fuera gerente de EolicCat, Jaume Morrón, también una de las voces autorizadas al país en el ámbito; que considera que la comunicación de las ventajas que aporta la energía verde es «un gran trabajo, y un trabajo que se tiene que hacer de la mano del sector». «Es responsabilidad del Gobierno», sentencia Morrón, construir una mayoría social -«no una unanimidad, que es imposible»- alrededor de la noción de transición energética. En este sentido, Vila insiste que es imprescindible explicar correctamente las ventajas de las renovables en la población, «que si un parque no gusta o no es necesario, en 15 años se puede desmontar», hecho impensable con otras fuentes energéticas, como por ejemplo la nuclear o la fósil. El objetivo de la nueva consejera, pues, es proveer la respuesta correcta a una pregunta esencial: «Qué tiene más impacto, las renovables o dejar que el cambio climático avance?»
El espejo, comenta Morrón, tiene que ser Alemania. El ministro del ramo, Robert Habeck -que aglutina las carteras de energía y economía, en un movimiento del canciller Olaf Scholz que la industria catalana no deja de alabar- «ha explicado personalmente qué es esto de la transición ecológica, por qué se tiene que hacer, y que pasa si no la basura». Así se expresaba también el portavoz de Energía del Bundestag y diputado del partido liberal Michael Kruse en un reciente acto organizado en Barcelona por el instituto Ostrom, en el cual recordaba la inmensa campaña que se construyó alrededor de, por ejemplo, la eólica marina; y la intensiva comunicación que se hizo de cara al sector de la pesca para trasladar la muchedumbre de beneficios que el ejecutivo federal dedicaría -desde recortes en la factura de la luz a dividendos, en casos de las propiedades colectivas-. «Espero que, por afinidad ideológica, el nuevo Gobierno se los siga la pista», comenta el experto.
La nueva cartera energética
La herramienta para la nueva aplicación de la transición ecológica al país es, a diferencia de la pasada legislatura, dentro de la consellería de Territorio, Transición Energética y Vivienda, dirigida por Paneque -un cambio sustancial respecto del departamento de Acción Climática de David Mascort, que acabó introduciendo la agricultura, pesca y ganadería en el título-. La supercartera que ha recibido la histórica socialista gerundense agrupa urbanismo, infraestructuras, medio ambiente y energía, una decisión que alaban desde la industria. «Es básico que ambas competencias compartan consejero», declara en conversación con este diario el portavoz en Cataluña de la patronal Unefcat de instaladores fotovoltaicos, Salvador Salado. Los trámites diferenciados entre las decisiones constructivas y el impacto ambiental de las nuevas instalaciones de generación renovable «no han llevado a avanzar, antes al contrario». Las desavenencias entre paisaje, ecosistema y legislación urbana, alerta Salado, han estado a menudo «el freno de último recurso», que ha conseguido que colectivos contrarios a la expansión de la energía limpia consigan que infraestructuras de este perfil acaben cayendo.
Morrón, por su parte, entiende la decisión, si bien hubiera preferido copiar Berlín y añadir las direcciones energéticas al departamento de Economía. Más allá de la orgánica, pero, loa el nombramiento de Paneque, «un perfil muy adecuado». La lectura es similar por parte de todos los expertos consultados, que ven en la gerundense una dirigente «muy comprometida» con el sector de las energías verdes. «Ha mostrado que entiende la urgencia del despliegue renovable», comenta Vila, si bien sufre por un posible «exceso de competencias», en cuanto que a su cartera se añade también la gestión de las infraestructuras u otras carpetas vinculadas con territorio, como por ejemplo la vivienda.
En este punto entra en juego la figura del director general de energía, que la pasada legislatura ocupaba Assumpta Farran. En conversación con el Mundo Economía, Morrón apunta que el sector valoraría un técnico del mundo de la energía en este despacho: «Los ingenieros son muy adecuados para esta posición, y si es un ingeniero con experiencia en renovables encara mejor», pedía el ex-gerente de EolicCat, lamentando la «carencia de empatía» con la industria que mostró Farran durante sus años al frente del organismo. Sin todavía una cara visible a la Dirección General, este mismo domingo
Más allá de los nombres: Burocracia y planes urbanos
Fuera de las caras de Gobierno y
La «ambigüedad» de la ley que encuentra Salado en el ámbito de la aprobación de los proyectos aparece también -y con más intensidad- en el mundo de la gestión urbana, esencial para conceder los permisos de construcción imprescindibles para el sector, como explica Vila. El cuerpo legal presente «permite que los funcionarios -municipales- introduzcan criterios personales: si un proyecto no me gusta, no me interesa». En este sentido, el mundo renovable coincide en una de las demandas empresariales más repetidas en Cataluña: no solo unos criterios objetivos, sino una concesión automática «si un proyecto cumple A, B, C y D». La unión de carteras, en este sentido, es especialmente útil, dado que, hasta ahora, era posible que una iniciativa recibiera el sí general y «más tarde, una de las administraciones implicadas lo acabe denegando».
Un primer paso para esta unificación de criterios sería la esperada aprobación del Plater, o plan territorial de energías renovables. «El Plater unificaría proyectos», contempla Morrón; que reclama que sean unos criterios técnicos definidos los que acaben para informar cualquier decisión. Así, Salado exige al ejecutivo de Isla una «valentía» para salir adelante el proyecto que no han encontrado en administraciones anteriores. Vila, por su parte, no confía particularmente; atendidas algunas limitaciones técnicas que existen en la red de distribución eléctrica. Sí que coincide, pero, en la necesidad de evitar que los funcionarios municipales dentro de las concejalías de urbanismo «frenen los proyectos en tramitación, considerándolos urgentes y sacando la subjetividad de sus decisiones». «Los arquitectos no han visto la magnitud de la tragedia», ironiza el empresario, que alerta el colectivo: «los hará desaparecer por ruina colectiva!».
