El conflicto del impago de las primas a renovables sigue ahogando al Estado español. Según el último estudio de la cuestión, elaborado por el doctor Nikos Lavranos, especialista en derecho internacional y secretario general de la Federación Europea de Derecho Inversor y Arbitraje (EFILA), los laudos contra España por este conflicto que arrastra desde hace más de una década ascienden hasta casi 1.500 millones de euros -unos 1.478 millones, en concreto-. Si a esta cifra se añaden los costos legales y los crecientes intereses de las deudas a abonar, se superan los 1.800 millones de euros.
Con este reciente aumento, el gobierno español se consolida como el tercero del mundo en obligaciones generadas por derrotas legales en el ámbito de la inversión internacional, solo superado por Venezuela, con unos 17.000 millones de euros, y Rusia, que supera los 60.000 millones debido principalmente al gigantesco caso Yucos, que ha generado obligaciones por valor de unos 50.000 millones.
Si, además de las cantidades obligadas, se observa el número de casos abiertos, España escala posiciones: con 24 contenciosos en los tribunales de arbitraje internacional, se sitúa la primera del ranking, por encima de los mismos dos actores, Venezuela y Rusia, que acumulan 20 y 10 respectivamente. Cabe decir que, según los datos del mismo informe, el resultado más probable en casos de arbitraje internacional entre empresas y estados es favorable al erario público: un 37,7% de los conflictos similares a los que afectan a España se resuelven en contra de las compañías, mientras que un 28% terminan cayendo a favor de los actores privados.
Cabe destacar que, a pesar de que hay una multitud de conflictos en el mismo sentido con una larga lista de países, solo un 8% de los afectados se niegan a abonar las reparaciones que reclaman los tribunales de arbitraje, como es el caso español. Entre los deudores comunitarios figura Italia, con unos 16 millones de euros por solo un laudo; Polonia, que debe unos 686 millones por cinco arbitrajes pendientes, Croacia o la República Checa. Entre los pagos no efectuados, los intereses y la pérdida de confianza de los mercados internacionales, la organización detrás del documento calcula que el impacto sobre el PIB podría elevarse hasta los 19.000 millones de euros.
Una historia sin fin
El origen del conflicto, cabe recordar, se remonta a 2007, cuando el gobierno español, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, instauró mediante decreto una serie de primas para garantizar la rentabilidad de las empresas inversoras en el mundo renovable. Estas primas comienzan a recortarse a partir de 2010, en medio de la Gran Recesión, especialmente perniciosa para las arcas españolas; y sufrieron el golpe final ya bajo el mandato de Mariano Rajoy, con la reforma del sector eléctrico que redujo hasta un 40% los pocos abonos que aún quedaban vigentes. A raíz de la retirada de estas ayudas, hasta 52 empresas han presentado demandas ante el CIADI, el tribunal internacional especializado en casos de arbitraje, por las importantes pérdidas causadas por los impagos españoles; que afectaron especialmente al sector de la energía solar fotovoltaica.
Los tribunales internacionales ya han tomado una serie de decisiones respecto a la negativa del Estado de abonar las cuantías asignadas: entre ellas, el embargo de varios activos internacionales, entre los cuales destaca la sede del Instituto Cervantes en Londres, la participación de Aena en el aeropuerto de Luton o las transferencias de Enaire a Eurocontrol, el organismo europeo para la seguridad en la navegación aérea. Según fuentes cercanas a los denunciantes, varios de estos procesos se acelerarán en el próximo año, lo que podría activar definitivamente muchas de las medidas cautelares impuestas a activos españoles. Ante este contexto, otros gobiernos, como el italiano o el polaco, ya han hecho movimientos para cubrir sus compromisos -mucho más reducidos que los que debe enfrentar Moncloa-.
