El desastre de las primas a las renovables sigue pesando sobre el tesoro español. Cerca de quince años después de que el gobierno de Mariano Rajoy terminara de recortar, en el marco de su programa de austeridad, los beneficios para las compañías que decidieran invertir en instalaciones de energía limpia -golpeando los balances de muchas firmas que comenzaron su actividad contando con estas ayudas y subsidios a la competitividad- los laudos contra el Estado en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, se acumulan hasta superar ampliamente la veintena. Según el último informe de incumplimientos con los pagos impuestos por los tribunales de arbitraje, elaborado por el jurista especializado Nikos Lavranos, las imposiciones sobre España, aún no enfrentadas, rozan ya los 1.500 millones de euros; que saltan hasta los 1.800 millones si se añaden los costos legales y jurídicos y los cada vez más exigentes intereses de la deuda. «Claramente, España es el número 1 del ranking mundial en casos de este estilo», confirma el profesor: los últimos avances en varias acusaciones, especialmente en Australia, Estados Unidos, Suiza o Alemania, sitúan la cifra de contenciosos en 24, por encima de Rusia (10) o Venezuela (20); y en una medida incomparable con el resto de países europeos implicados, que rondan uno o dos conflictos en contra.
No en vano, los acreedores han pasado a una actitud mucho más agresiva contra el Estado en los últimos ejercicios: durante el verano de 2023, el tribunal superior de Londres ordenó la apropiación cautelar de varios inmuebles propiedad del erario público español en la ciudad, entre los cuales destaca la sede del Instituto Cervantes en la capital británica, para cubrir las deudas contra dos de los inversores demandantes, Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar. Uno de los abogados de las empresas, Nick Cherryman, dejó clara la sorpresa de los operadores respecto de la posición española: «la solución solo es necesaria porque España, un deudor recalcitrante, rechaza cumplir los fallos establecidos contra ella», espetaba el letrado, en declaraciones a la agencia Reuters. El callejón sin salida español se da, además, en un entorno históricamente favorable hacia las administraciones implicadas: según datos del CIADI, en este tipo de laudos -los que interpone una empresa contra un estado- cerca del 40% de las resoluciones favorecen al acreedor, mientras que solo el 28% acaban dando a la compañía parte de lo que demanda. Incluso en este contexto, advierte Lavranos, «el reloj está literalmente haciendo tic-tac» contra España: hace ahora cuatro años, cuando el docente neerlandés publicó la primera versión de su informe, el peso de las derrotas judiciales españolas era solo de 800 millones de euros. En menos de un lustro, ha crecido en 1.000 millones; unos 155.000 euros diarios contra el dinero del contribuyente. En total, se han presentado más de 50 denuncias en el mismo sentido, con demandas que superan los 10.000 millones de euros.
Las declaraciones de Cherryman apuntan que la problemática del Estado español respecto a los laudos con las renovables no corresponde solo a los agravios a las empresas. Según el informe de Lavranos, solo el 8% de los conflictos de esta naturaleza acaban en impagos; y España «destaca por rechazar consistentemente» enfrentar los gastos impuestos por el tribunal de arbitraje. Incluso países en peor situación financiera que la española en este ámbito han cumplido con algunas de sus principales obligaciones: la petrolera pública venezolana PDVSA acordó con la energética italiana ENI un pago de más de 700 millones de euros para cubrir su caso cuando la expulsó de las tareas de exploración petrolera en el país, y pagó unos 600 millones de euros a Cemex por la nacionalización de su filial local.
También dentro de la Unión Europea, países afectados por casos análogos han enfrentado pagos muy superiores a los que pesan sobre el tesoro español: Alemania abonó más de 1.500 millones de euros a la operadora estatal suiza Vattenfall por el abandono de la producción de energía nuclear, que golpeó los rendimientos de su inversión en la planta de Krümmel. Recientemente, sin embargo, el informe de Lavranos detecta una «tendencia general de los estados miembros de la UE a no pagar las sanciones de arbitraje» en laudos relacionados con el sector energético, dada la retirada de los 27 de la Carta del Tratado de la Energía. «Irónicamente, los mismos países europeos que siempre acusan a otros países de no cumplir la ley internacional», bromea el jurista. De hecho, el pasado mes de junio un tribunal suizo rechazó los intentos de varios países de la Unión de tratar los casos de arbitraje internacional como disputas intraeuropeas, lo que las sujetaba a la favorable jurisprudencia del TJUE. Ahora bien, como indican fuentes especializadas, las disputas resueltas en el CIADI deben entenderse como sentencias locales en todos aquellos países que estén adscritos, lo que abre la puerta a tratamientos mucho más agresivos por parte, por ejemplo, de la justicia estadounidense. En este sentido, las empresas demandantes esperan que el 2025 se produzcan avances sustanciales en muchos de los conflictos más relevantes contra España.
Cada vez más empresas
«Las obligaciones de pago irán creciendo a la fuerza», detalla Lavranos. Los primeros casos contra el Estado, sentenciados antes de la pandemia, impusieron unos pagos sujetos a unos tipos de interés prácticamente inexistentes, lo que limita los costos añadidos por esta vía -cabe recordar que los intereses de una sanción como estas permanecen siempre ligados a los tipos del momento en el cual se toma la decisión, y no evolucionan con la política monetaria regional-. Ahora bien, algunos de los laudos más relevantes se han resuelto en los últimos dos años, con unos tipos de interés por encima del 3,5%, lo que genera aún más tensión sobre las arcas públicas.
Las dos imposiciones más copiosas son, de hecho, recientes: son los casos de E.ON y NextERA. En el primer caso, un tribunal concedió el pasado mes de enero a la multinacional energética alemana un pago de cerca de 254 millones de euros, que genera unos intereses de unos 8,5 millones de euros, según fuentes expertas; mientras que los estadounidenses superarían los 290 millones de euros, con 5,8 millones de intereses generados, en una sentencia del pasado mes de junio -todo ello según datos facilitados por las mismas empresas afectadas y divulgadas en la quinta conferencia internacional de energías renovables, inversión y seguridad jurídica-. En este último laudo, Moncloa intentó presentar apelaciones, si bien el tribunal de apelación de Washington DC rechazó el recurso del gobierno. También negó las protestas en el caso de la energética 9REN, con un costo de unos 40 millones de euros. Otros casos relevantes son los que afectan a la japonesa Eurus, que supera los 100 millones de euros; así como el fondo francés Antin Infrastructure Partners, con unos 101 millones de asignaciones, tal como apuntan las mismas fuentes.
Del ‘default’ a los embargos
Los repetidos impagos del Estado español en varios de los laudos mencionados ya han dejado consecuencias, más allá de las sentencias como tal. Según informaciones de las empresas afectadas, se habrían identificado más de 400 activos españoles fuera de sus fronteras que «estarían sujetos a órdenes de embargo» para compensar la negativa española a enfrentar las sentencias. Algunas de ellas, cabe decir, ya han sido ejecutadas: las más llamativas se dieron durante abril de 2023, cuando el tribunal supremo del Reino Unido aprobó el embargo del inmueble donde se sitúa la sede del Instituto Cervantes en Londres, con un valor de entre 5 y 10 millones de euros. Los casos también han afectado a las administraciones catalanas, con el movimiento contra la sede londinense de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, valorado en unos tres millones de euros. Durante la primavera y el verano de este año, los impagos españoles afectaron al acceso a infraestructuras clave. Primero, la justicia belga detuvo los pagos de la agencia Eurocontrol a Enaire, por valor de unos 80 millones de euros. En segundo lugar, sin embargo, otro tribunal británico pasó a la ofensiva contra los derechos de Aena sobre el aeropuerto de Luton, embargando más de la mitad del 51% de la titularidad de la operadora española. Ahora bien, en este último caso, los afectados acordaron suspender la medida a fin de «continuar negociando una salida» del conflicto.
