La expansión de las energías renovables fue una de las grandes banderas del Gobierno de Salvador Illa desde su investidura en agosto de 2024. El ejecutivo socialista se marcaba como objetivo revertir las carencias que se habían acumulado en los años anteriores, que sitúan a Cataluña a la cola de la penetración de energía verde en el Estado español. Tras el apagón general de abril, Illa y la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, aceleraron el impulso normativo para el sector, en busca de sistemas más ágiles y menos bloqueados por la burocracia para que molinos y placas se instalen en el territorio antes de que sea imposible alcanzar los objetivos de la Prospectiva Energética de Cataluña (Proencat) -cabe recordar, un 50% de toda la energía consumida proveniente de fuentes renovables en 2030, y un 100% en 2050-. La carrera culmina con el decreto 22/2025, validado por el Parlamento por amplia mayoría, con solo la extrema derecha española en contra, la pasada semana. Según Paneque, esta nueva norma -heredera del decreto 12/2025, que cayó en julio por falta de consenso entre los principales partidos- «asegura la resiliencia y garantiza el suministro eléctrico” en el Principado. El sector energético coincide con parte de la celebración del ejecutivo, pero llama a rebajar la euforia: expertos y empresarios reconocen que Territorio «va por buen camino», con progresos claros en el esclarecimiento de la regulación del almacenamiento o la facilitación administrativa de algunos procesos. Ahora bien, a solo cinco años de la primera meta de la Proencat, advierten que queda mucho campo por recorrer. «Es un buen decreto, pero no puede ser definitivo. No soluciona todos los problemas, y hay algunos que han quedado pendientes«, describe el miembro del Observatorio de las Renovables de Cataluña y director general de Sunowatt, Salvador Salat.
En conversación con Món Economia, Salat menciona que el ejecutivo avanza en términos de regulación renovable, aunque «lo debe hacer con mucho consenso». Esto provoca que, con parte del tejido social en contra de la transición energética, deba andar con pies de plomo. «¡Cataluña es pionera en oposición a las renovables!», ironiza. Jaume Morron, experto en renovables y exgerente de la patronal EolicCat, critica que muchos partidos hayan caído presa de esta oposición social, y hayan obligado a moderar a la baja algunas de las aspiraciones ambiciosas que tenía el ejecutivo. El gesto que más lo revela, a su parecer, es la ausencia del carácter de interés público superior para el conjunto de los proyectos de renovables. Esta etiqueta sí venía recogida en el decreto del verano, y permitía, básicamente, que si un proyecto de renovables chocaba con otro hecho de interés público -por ejemplo, con la preservación de la avifauna-, el parque en cuestión tuviera prioridad. Esto, alerta Morron, «no significa que todos los parques se aprueben automáticamente»; solo una «facilitación administrativa» que acelera los procesos.
Ahora bien, los partidos que forman la mayoría de investidura, ERC y los Comunes, pusieron trabas; y finalmente este título solo lo llevarán asociado las instalaciones de autoconsumo. El exgerente de EolicCat recuerda que esta negativa es temporal, en tanto que una directiva europea obliga a los estados miembro a aplicarla para las renovables; aunque el Estado español aún no la ha transpuesto. Cuando lo haga, Cataluña tendrá que implementarla también. De esta manera, las formaciones que se han negado «quedan muy mal». «Es un ridículo completo», afirma; recordando que, con la normativa europea en vigor, las empresas pueden invocar el interés público superior para defender sus proyectos ante un tribunal en caso de ser necesario. Y podría serlo: hay que recordar que la principal organización de agricultores del país, Unió de Pagesos, recurre automáticamente todas las instalaciones de más de 8MW que se aprueban en el país, en busca de garantizar que se respete la normativa agraria. «Se han plegado a un lobby agrícola y ganadero que no entiende qué significa el interés público superior», insiste Morron. Uno que, advierte, bloquea el cumplimiento de los mismos objetivos de la Generalitat: «Es imprescindible un gran despliegue, de 66.000 MW en 2050. Esto significa que con las actuales restricciones ambientales, sobre todo las restricciones de compatibilidad entre avifauna y renovables, no llegamos».
Avances que chocan con el Estado
A pesar del vacío del interés público, Salat apunta que el Gobierno ha atendido la «urgencia» de regular a favor del autoconsumo y las comunidades energéticas, que ahora se convierten en una figura jurídica de pleno derecho. También se dirige a la energía eólica de autoconsumo, orientada especialmente a la industria, y que está encontrando en Cataluña un punto de aterrizaje en el sur de Europa. El Principado ya cuenta con dos proyectos de este ámbito en marcha: el de la empresa papelera austríaca Kronospan, en Tortosa, y el del nodo logístico de Amazon en el Far d’Empordà. El decreto es especialmente útil para este último caso, en tanto que elimina la necesidad de pedir licencia de obras al Ayuntamiento correspondiente para los molinos de autoconsumo; precisamente el problema que sufría la multinacional en su proyecto, en conflicto con el consistorio que dirige Jordi Arnall, de Junts. Se trata de un problema que Morron lleva tiempo denunciando -«Mientras un solo alcalde pueda detener un proyecto de 2 MW, las posibilidades de éxito son nulas», escribía recientemente en su blog dialEc-, y que queda fuera de juego gracias a la normativa.
La generación autónoma para el mundo industrial es, sin embargo, uno de los grandes problemas que identifican los promotores, como denuncia el empresario y expresidente de la comisión de energía de Pimec, Joan Vila. Mucho más pesimista que el resto del sector, Vila advierte que, con el decreto, «no hemos avanzado». «Todos quieren renovables, pero al final, nada de nada. Ni Gobierno ni patronales han visto la gravedad del problema», describe. Para Vila, presidente de la papelera gerundense LC Paper-una de las primeras industriales catalanas en hacer la transición energética, y también en sufrir el embudo burocrático que denuncia el mundo empresarial, con más de 10 años para llevar adelante una instalación fotovoltaica- el avance del decreto, que elimina la autorización administrativa previa para instalaciones de entre 100 y 500 KW, es «el chocolate del loro». «Debemos resolver el suministro energético a fábricas, polígonos, comercios. Con esto no hacemos nada», denuncia. Morron rebaja estas expectativas, y sostiene que, como primera aproximación, la liberación de los centros de hasta 500 KW «está bien». «Probemos con esto y, si se puede aumentar, que se aumente. Seamos prudentes», razona.
Otro de los obstáculos que la industria lleva tiempo identificando es el de la distancia. La normativa actual limita a 2km la distancia a la cual se puede compartir energía desde el punto de generación, una distancia «insuficiente», tanto para un polígono como para zonas urbanas, en tanto que no permite instalar la potencia necesaria para hacer funcionar zonas de alta demanda. La competencia en este ámbito, sin embargo, la tiene el Estado. El gobierno español, cabe recordar, ya hizo un intento de ampliar el umbral regulador hasta los 5 KM el pasado verano, con el Real decreto 7/2025 de resiliencia energética, que llevaron adelante como respuesta al apagón general. Ahora bien, como en el caso catalán, aquel decreto cayó por la debilidad parlamentaria del ejecutivo de Sánchez, y el sector espera aún que elabore uno nuevo.
Baterías y diálogo social
Los dos ámbitos en los que hay un consenso favorable al Gobierno es en el almacenamiento y la supervivencia de las instalaciones menos rentables. En el ámbito de las baterías, Morron celebra que «se haya dado una regulación para las instalaciones de ion-litio, que no estaba nada clara». El decreto 22/2025 recoge el testigo de su antecesor y detalla el procedimiento administrativo por el cual se instalarán los proyectos de almacenamiento en el país, pero también facilita la hibridación -añadir baterías a los parques eólicos o fotovoltaicos- y abre las puertas a situarlos en terrenos no urbanizables. «La inseguridad jurídica que podía haber en los proyectos de tramitación de baterías desaparece», celebra el exgerente de EolicCat. «Es importante, porque es uno de los futuros inmediatos de la transición energética», añade Salat, que elogia especialmente la reducción de papeleo para los promotores. Para Vila, la regulación ahora «está clara»; pero lo daba por hecho. «Solo se tenía que escribir y ya está; ¿dónde estaba el problema?», reclama.
Por otro lado, por primera vez la Generalitat permite el traspaso de las licencias de parques de generación cuando estas se han concedido. Es decir, un promotor que haya superado la burocracia para iniciar una iniciativa y que ya no la quiera llevar adelante -porque busca rentabilidades más elevadas, o porque el retraso del sector público le ha hecho replanteárselo- podrá ofrecer el permiso a otra empresa que sí esté dispuesta a activarlo. Según los cálculos de Morron, este movimiento podría haber salvado unos 900 MW en proyectos ya aceptados en Cataluña, pero en los cuales la compañía que hay detrás tiembla. Con todo, Salat se mantiene optimista, y espera que el consenso político que se ha generado alrededor de este decreto sirva para seguir avanzando en el camino que, a su parecer, se ha abierto. «Con algunas reformas más, podríamos alcanzar el objetivo de reducir a 18 meses las autorizaciones administrativas de las energías limpias», vislumbra. La aprobación del Plan Territorial de Renovables (Plater), que ya se está explicando a los Ayuntamientos de todo el Principado, también contribuirá, porque elimina las incertidumbres sobre las zonas idóneas para poner molinos y placas. El sector, sin embargo, exige que no se levante el pie del acelerador. Al fin y al cabo, en cinco años Cataluña debe llegar al 50% de la energía producida proveniente de fuentes renovables en 2030. Al cierre de 2024, la ratio era del 19%.
