El Gobierno de Salvador Illa hizo bandera, en sus primeras semanas de toma de posesión, de un giro de guion total en cuanto a la puesta en marcha de alternativas energéticas renovables en Cataluña. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque -bajo la que recaen las competencias energéticas, pero también las infraestructuras o la vivienda- sacó pecho de estas intenciones con un paquete de medidas que buscaban reactivar la inversión en energías verdes que se había hundido durante años en el país, bajo el peso de una burocracia excesiva. Como muestra, la evolución del entorno comunitario: en Alemania, en 2024, el 60% de la producción energética fue renovable, con la eólica como primera punta de lanza; mientras que en los Países Bajos, que habían quedado rezagados la última media década, ya se ha superado el 53% del consumo de origen verde. En el Principado, según datos del departamento, solo el 18,4% de la producción proviene de fuentes renovables, extremadamente lejos del 50% que establece como objetivo la prospectiva energética de Cataluña (Proencat) para 2030. En adelante, los expertos consultados detectan un camino para una resolución del pozo renovable catalán. Un camino, sin embargo, que todavía no se ha tomado del todo. «Las ganas del Gobierno han cambiado, sus intenciones. Pero la situación sigue igual, no ha habido ningún cambio», lamenta el empresario y expresidente de la comisión de energía de la patronal Pimec, Joan Vila. «Por más que haya buena voluntad, el mundo no funciona así».
Según los datos recopilados por el que fuera gerente de la asociación EolicCat, el experto Jaume Morron, los avances en los últimos cursos no hacen pensar que se deba llegar a los niveles esperados. En el caso de la fotovoltaica, apunta en una publicación en el su sitio web dialecSost, en 2024 deberían haberse puesto en marcha cerca de 590 megavatios de nueva capacidad para alcanzar una velocidad lo suficientemente elevada para llegar a la próxima década en la situación buscada. A finales de diciembre, sin embargo, la cifra se situaba, según el mismo experto, por debajo de los 50 MW; a los cuales habría que añadir menos de 30 MW en el campo eólico. En el caso de los molinos, añade en un reciente estudio, la lenta tramitación urbanística y el rechazo administrativo han reducido sustancialmente la capacidad instalada en los últimos años: «solo 632,69 megavatios de los 1.634,35 tramitados en Cataluña desde la aprobación del decreto ley 16/2019 tienen capacidad de llegar a ponerse en servicio», alerta el consultor.
El gran obstáculo, coinciden la mayoría de voces del sector, se encuentra en la tramitación urbanística. Cabe recordar que el mencionado decreto, puesto en marcha por el Gobierno de Quim Torra en junio de 2019, establece un límite temporal de un mes a las comisiones de urbanismo para otorgar los permisos pertinentes a los proyectos de renovables una vez estos han recibido el certificado de autorización ambiental. «De los 200 casos de autorizaciones que se han otorgado en Cataluña desde entonces, este plazo solo se ha cumplido en 13», denuncia Morron, en conversación con Món Economia. Según sus estimaciones, solo el 40% de los proyectos fotovoltaicos aprobados por la ponencia de energías renovables ha recibido la autorización urbanística; mientras que solo dos eólicos -«minúsculos, de un aerogenerador cada uno»; entre los que consta el molino del centro logístico de Amazon en la Terra Alta- pueden llevar adelante las tareas constructivas. En este sentido, el que fuera gerente de EolicCat aprecia la propuesta que Paneque puso sobre la mesa: permitir tramitar en paralelo las autorizaciones ambiental, energética y urbanística, que ahora se deben llevar adelante de manera consecutiva.
Vila, por su parte, lamenta que un movimiento como este pueda no ser suficiente; en tanto que, aunque se hagan de golpe, los trámites pueden alargarse igualmente. La solución, a su parecer, es «quitar poder» a los diversos organismos, y centralizar más capacidad de decisión en la ponencia de renovables. «Si ya están todos, ¿por qué luego tiene que pasar por más filtros?», cuestiona. Cabe recordar que, por debajo de la ponencia de renovables, las autorizaciones urbanísticas caen bajo la competencia de las diputaciones. Posteriormente, sin embargo, son los ayuntamientos los que deben conceder la licencia de obras; uno de los escollos más importantes para la entrada en funcionamiento definitiva de los generadores. A juicio del empresario, las órdenes no están claras: los arquitectos técnicos de los consistorios gozan de «excesiva discrecionalidad» para aprobar o no estas obras, más allá de las normativas de ámbito nacional. «A nosotros nos pasó -recuerda con ironía el mismo Vila, en referencia al parque fotovoltaico que instaló su empresa, LC Paper, en Besalú-, no nos dejaban ponerlo porque preferían que en el terreno hubiera tomateras».
De hecho, en algunas ocasiones, no ha sido el permiso urbanístico el que ha puesto problemas, sino las autorizaciones ambientales o energéticas. Hasta el punto, recuerda Morron, de llegar a poner en peligro los parques en cuestión: «Algunos proyectos han caído por culpa de la lentitud de la Generalitat, y los productores están muy enfadados», critica el consultor. En 2023, sin ir más lejos, dos parques eólicos en Les Garrigues se quedaron a cuatro días de perder su permiso de conexión a la red después de esperar cuatro años por los permisos ambientales. Con el cambio en Sant Jaume, conceden las fuentes consultadas, los ánimos del mundo empresarial se han calmado, porque encuentran la puerta del departamento abierta con más asiduidad: «ha habido un cambio de trato hacia los promotores: ahora, como mínimo, la dirección general de Energía habla con ellos», bajo el mando del nuevo secretario Josep Maria Serena. Ahora bien, tanto Morron como Vila reclaman materializar estas conversaciones: «hay interlocución, pero es fundamental que el cambio de criterio llegue al DOGC».
Problemas de conexión
En un reciente comunicado, la asociación EolicCat y la patronal de instaladores fotovoltaicos Unefcat han añadido una segunda capa a la barrera burocrática que complica la transición energética en el país: en Cataluña, aseguran, faltan puntos de conexión a la red eléctrica para que los parques puedan evacuar la energía que generan. «Resolveremos el problema administrativo y toparemos con esto», ironiza Vila. La falta de infraestructuras conectivas, que dependen de Red Eléctrica -y, por tanto, del Estado, ha hecho que «muchos promotores de eólica muy interesados en el país se hayan retirado y no hayan llegado a pedir autorizaciones», lamenta Morron. El obstáculo estructural es tal, añade el consultor, que sin salvarlo será «absolutamente imposible» cumplir los objetivos de la Proencat. En este sentido, expertos y empresas consideran que, más allá de las reformas legales que pueda implementar Territorio, esta negociación con Red Eléctrica es la «principal tarea» de la secretaría general en esta legislatura. En este sentido, el tejido industrial mantiene la confianza en Serena, expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y su contacto con las administraciones españolas; si bien los avances aún no son palpables.
Para Vila, vista esta problemática, la industria debería buscar alternativas, especialmente en el ámbito del autoconsumo -en tanto que las instalaciones de este tipo no tienen que estar conectadas a la red general-. En el caso de la empresa que presidía, LC Paper, en Besalú, ha puesto en marcha un parque fotovoltaico para fundamentar su actividad industrial. «Al lado de cada polígono industrial debería haber siempre suficiente generación eléctrica y baterías para almacenarla»; defiende el exdirigente patronal, en forma de comunidad energética. Ahora bien, este camino también contiene sus dificultades burocráticas. Entre otras cuestiones, la legislación española limita de facto a 100 kw la potencia que pueden instalar los conjuntos de consumidores en este tipo de colaboraciones, cuando «para alimentar un polígono, hacen falta unos 3 MW», remata el experto, que asegura estar «trabajando en Madrid» con diversas formaciones políticas para impulsar este cambio.
Un tiempo limitado
A pesar de las diversas limitaciones que sufre el sector, Morron permanece optimista. «¡No será fácil llegar a los objetivos, pero claro que hay tiempo!», exclama el experto, que refleja el caso catalán en la evolución de la red renovable neerlandesa. Entre 2019 y 2024, describe, los Países Bajos han escalado su cobertura de demanda renovable del 15% -alrededor del nivel catalán actual- hasta el 53%, todo ello sobre la evolución de la eólica terrestre y marina, así como de la fotovoltaica. Para lograr un ritmo como este, sin embargo, las cifras son más que tensas. En el caso de las placas, por ejemplo, después de un curso de poco menos de 50 MW puestos en marcha, en los próximos cinco cursos «sería necesario poner en servicio al menos 680,2 MW de nueva capacidad cada año para que el 31 de diciembre de 2030 Cataluña llegue a los 4.458,8 MW fijados en el Escenario Objetivo de la PROENCAT», según calcula el consultor en una reciente publicación. La voluntad política es clave para un ritmo como este, apuntan desde el sector; una voluntad que detectan en la Generalitat actual. «Ahora, claro, hay que activarlo».
