El futuro cierre de las centrales nucleares de Cataluña provocaría “graves consecuencias” en el ámbito energético, económico y ambiental en los próximos años, siendo Cataluña el territorio que más afectado se vería de todo el estado. A medida que se acerca el primer cierre de una central nuclear del estado español, previsto para noviembre de 2027 en Cáceres, PwC ha publicado un informe sobre cómo el impacto de estos apagones nucleares afectarán a Cataluña en los próximos años, cuando se verá un aumento de los costos eléctricos, las emisiones y la dependencia energética.
Aunque la energía nuclear podría sustituirse con tecnologías renovables, esto tendría un gran impacto en el costo del sistema eléctrico. El informe estima que en 2035 el precio del megavatio/hora (MWh) aumentaría entre 13 y 29 euros, además de una pérdida de empleo de cerca de 10.500 posiciones en el sector. En el análisis presentado también se advierte que los objetivos energéticos que se contemplan desde Cataluña con las renovables para 2030 son “muy ambiciosos”, ya que se pretende instalar 1.500 megavatios al año cuando el ritmo de desarrollo de los últimos diez años se ha situado en 24. Además, según las prospectivas energéticas de Cataluña (PROENCAT), el objetivo es que en 2030 el 50% del consumo energético del territorio provenga de fuentes renovables, pero los datos de 2023 de la Generalitat apuntan que la tasa de renovables del país se sitúa en un 18%, muy lejos de este objetivo.
Una mejora en la burocracia y extender la vida de las nucleares
A pesar de estas diferencias entre el dato de desarrollo actual y el previsto, desde las asociaciones empresariales del sector de las renovables se mantiene la posición de que el tejido industrial del país tiene la capacidad para poder sustituir las nucleares en un futuro. No obstante, estas mismas empresas apuntan que encuentran impedimentos en el ámbito burocrático y de infraestructuras. Desde la patronal del sector fotovoltaico Unefcat y la asociación EolicCat, se reclama poder agilizar los trámites sin perder la exigencia necesaria para que los proyectos se implementen correctamente.
En esta línea, en el informe de PwC se defiende poder extender durante 10 años más la vida útil de las plantas nucleares catalanas. Esta propuesta supondría anular o actualizar el Protocolo de Cierre Nuclear de 2019 y así “ajustar” las imposiciones del estado emitiendo nuevas autorizaciones para explotar durante una década más la vida operativa de las centrales. Además, en el análisis también se insta a modificar la tasa que se aplicaría a los residuos que se continuarían generando, unos 18.700 metros cúbicos adicionales en estos diez años planteados, que aseguran que “no sería significativo”.
