La construcción del canal Segarra-Garrigues hace años que lleva cola. La infraestructura se empezó a construir en 2002 -Jordi Pujol puso la primera piedra- y no se espera acabarlo del todo hasta el 2030. Este miércoles la Sindicatura de Cuentas ha publicado un informe que concluye que en la construcción de la infraestructura ha habido un sobrecoste «significativo» de 294,6 millones de euros. Además, el mismo documento muestra como los costes totales previstos de 2.076,81 millones de euros, que supone un encarecimiento del 16,5% más respecto a los 1.782,21 millones de euros previstos inicialmente.
A la vez, la Sindicatura de Cuentas también evidencia desviaciones en el tiempo previsto por la ejecución de la infraestructura y, en consecuencia de su uso, puesto que no se ha llegado a cubrir la superficie que estaba prevista en estos momentos. Es por eso que el informe señala que hace falta más rigor en las fases de preparación y adjudicación de los contratos y recomienda en la Generalitat que haga una previsión más realista de los plazos y costes de ejecución para la finalización total del proyecto en cuestión.
Cifras muy inferiores a las previstas
Hay que recordar que el proyecto del Canal Segarra-Garrigues nació con el fin de transformar a regadío 70.150 hectáreas de tierras de secano del margen izquierdo del río Segre de las comarcas de Poniente. Esta cifra, pero, quedó reducida a 64.995 el 2022 y de estas, la superficie que puede ser regada y en riego hace un año era, respectivamente, de 21.896 ha y 11.647 ha, cifras inferiores a la previsión inicial, según detalla la Sindicatura de Cuentas.
El órgano también pone de relieve que los usuarios del canal no los han facilitado ningún plan relativo a la financiación y resarcimiento en la Generalitat del coste total de las obras de la red de regulación y transporte, ni del impacto presupuestario, económico-financiero y patrimonial de la operación. También destaca que el importe de la tarifa de servicio que consta en el contrato fase no se adecua a la ley de infraestructuras hidráulicas de Cataluña y tampoco se ha aportado información de cómo se ha calculado esta tarifa, y también recrimina carencia de justificación en diversas de las modificaciones del contrato.
El informe, también señala que en 2011 y 2015 la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues aprobó el suministro de agua para uso ganadero y agroindustrial, respectivamente, a pesar de que el reglamento no preveía otros usos diferentes del riego. Esto, además, ha supuesto unos sobrecostes de 371.959 euros, que ha acabado asumiendo el Departamento de Acción Climática. Sobrecostes, que según el órgano, han aminorado los ingresos destinados al resarcimiento de la inversión de la Generalitat en la red de regulación y transporte.
Hace falta un mayor rigor
Por todo ello, la Sindicatura de Cuentas insta a observar los principios de economía, racionalidad y eficacia en la ejecución de grandes infraestructuras que comportan un volumen elevado de gasto público y señala que, aun así, hace falta un mayor rigor en la preparación y adjudicación de los contratos para evitar modificaciones que acostumbran a implicar incrementos en el precio y el tiempo de ejecución.
Ante los atrasos en los trabajos del canal y de los «sobrecostes significativos», lo nos recomienda a Acción Climática y a Infraestrucutres.cat que pongan en marcha medidas y procedimientos que permitan efectuar una previsión más realista de los plazos y costes de ejecución de las actuaciones necesarias para la finalización total de las obras y la puesta en funcionamiento del Canal Segarra-Garrigues. También insta en la Generalitat a implantar una contabilidad analítica que facilite el seguimiento del gasto del proyecto y su financiación.
