Abertis ha reclamado 3.233 millones de euros al Estado por los desdoblamientos de la AP-7 entre 2006 y 2021. Según ha avanzado el diario
La compañía que gestionaba las autopistas catalanas ha asegurado que el gobierno español todavía le debe dinero de las medidas que llevó a cabo para intentar paliar las aglomeraciones y caravanas que provocó la liberación de la autopista AP-7. El informe anual indica que el 25 de marzo la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo. La cantidad deriva de dos cláusulas establecidas al convenio entre la empresa y el Estado y, según Abertis, constituyen un «derecho compensatorio que no tiene que ser cuestionado en ningún caso». En concreto, el documento indica que el importe recibido «no puede excluir» la reducción de ingresos derivados de los desdoblamientos que se hicieron entre 2006 y 2021 a la N-II a Girona y a la N-340 a Tarragona como alternativa a la AP-7 Norte y la AP-7 Sur, respectivamente.
El final de los peajes a la AP-7
En 2019, el Consejo de Ministros hizo un “paso decisivo” para poner punto final al peaje de la AP-7 entre Tarragona y Alicante. Casi cuatro años después de esta decisión y poco más de dos años de la implementación final, la autopista catalana más transitada hace tiempo que es gratuita, el que ha llevado a un crecimiento exponencial de los viajeros en esta vía. Ante este aumento del tráfico, el gobierno español y Abertis llegaron a un acuerdo para mejorar la calidad de los desvíos de la vía, puesto que esto podía frenar las grandes caravanas que se vivieron. Son precisamente estas obras las que han hecho que ahora Abertis reclame más dinero en el Estado, además, asegura que el gobierno español no ha cumplido las cláusulas que habían acordado.
