La consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha anunciado este miércoles que han presentado una reclamación en el gobierno español por un importe de 1.700 millones de euros. Esta cantidad es la que el Gobierno cree adecuado, puesto que equivale a aquellos beneficios que no ha percibido por las rebajas fiscales «unilaterales», es decir, la bajada de impuestos impuesta del Estado. Una situación, que según ha afirmado la misma consejera, ha perjudicado la recaudación en Cataluña. En declaraciones a la prensa, Mas ha detallado que esta cantidad «se tendría que liquidar» en los próximos tres años y que, de cara en este mismo mes de julio, ya se tendrían que abonar en Generalitat 172 millones de 2021, mientras que en 2024 afirma que los corresponden 642 millones de 2022 y, en 2025, 862 millones de 2023.
El gobierno español bajó los impuestos de manera generalizada, una situación que la Generalitat ha asegurado que no ha estado beneficiosa por las instituciones catalanas, puesto que ha provocado la desestabilización del déficit catalán. El Gobierno sitúa entre las principales rebajas fiscales que los afectan la del impuesto especial sobre electricidad, que en 2021 pasó del 5,11% al 0,5%, y la del IVA aplicado a la electricidad, que bajó del 21% al 10% en 2021 y del 10% al 5% en 2022. Mas ha relatado que estos cambios tienen un impacto recaudatorio para el Gobierno, que «en teoría» recibe el 50% del IVA y el 100% de los impuestos especiales, y ha criticado que la decisión de modificarlos no pasara por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los impuestos extraordinarios «para compensar»
Para la consejera, el Estado ha «podido compensar» la caída de la recaudación con la creación de impuestos extraordinarios, como el impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas, una capacidad que asegura que las comunidades autónomas no tienen. «Observamos una tendencia de recentralización de parte de los ingresos», ha afirmado la consejera, y ha argumentado que, en los últimos diez años, los ingresos de la Administración central han crecido un 90%, mientras que los ingresos de las CC.AA. lo han hecho en un 40%.
