Intentar ganar una licitación para estar al frente de un proyecto público se ha convertido en la pesadilla de muchas empresas en los últimos años. Un total de 1.066 obras públicas por valor de 375 millones de euros han quedado desiertas en Cataluña en tres años, según ha alertado el Consejo Asesor de Infraestructuras (CAdIC). El órgano ha asegurado que la pandemia y la guerra en Ucrania han «revolucionado» los precios de las materias primas, de manera cuando se publica una licitación el importe «no se adecua a la realidad». De este modo, el organismo ha pedido más intervención gubernamental para intentar hacer un «cambio legal» que ayude a la regulación de estos precios. «Hay una carencia de realismo que aboca a que la obra no se pueda hacer», ha criticado el secretario del CAdIC, Salvador Guillermo.
El órgano ha remarcado este lunes que es una «carencia total de eficacia» que ninguna empresa se presente a una licitación. En concreto, el CAdIC ha detallado que durante en 2021 quedaron desiertas 243 obras por valor de 59 millones de euros; en 2022 se ensartaron hasta 618 obras por valor de 209 millones de euros; y en 2023 hasta 205 obras por valor de 107 millones de euros. El órgano ha atribuido el repunte del 2022 al hecho que durante aquel año se recuperó la actividad después de la pandemia, al mismo tiempo que el ejercicio va estar marcado por una inflación desbocada y esto provocó que muchas empresas optaran por no presentarse a las licitaciones. El ente no ha desvelado a qué administraciones se dan la mayoría de los proyectos desiertos, pero ha asegurado que en cualquier caso los afecta «muchísimo» porque tienen que repetir todo el proceso actualizando el precio. «Son atrasos de uno o dos años y supone una pérdida de tiempo importante», ha criticado el presidente del CAdIC, Joaquim Llansó.
Las «subastas encubiertas»
Lo CAdIC ha criticado que el precio sea «un factor demasiado decisivo» en las licitaciones, de forma que estas acaban convirtiéndose en «subastas encubiertas». El órgano también ha insistido en la necesidad de hacer una «relectura» de la contratación pública y ha pedido una planificación «fuera del ciclo electoral» -antes de las elecciones la tendencia es que se impulsen muchas obras, mientras que una vez pasen los comicios no hay tantas-. «Esto es muy grave, también para las empresas», ha espetado el vicepresidente del CAdIC, Juan Manuel Manrique.
Un nuevo mecanismo para asegurar la ejecución de obras públicas
Paralelamente, este lunes también se ha llevado a cabo la primera reunión del Comité Estratégico de Inversiones que elaborará un listado de obras, la mayor parte de las cuales ejecutará la Generalitat directamente mediante el sistema de encomiendas de gestión. Esta lista, tal como ha mencionado la consejera de Economía, Natàlia Mas Guix, se elevará a una comisión de inversiones que se constituirá entre la Generalitat y el Estado, tal como se prevé en los acuerdos de investidura en el Estado. Precisamente, este nuevo comité busca eliminar del déficit de inversiones en infraestructuras, un problema que el Gobierno asegura que se produce por culpa de la carencia de dinero que vienen desde el estado español. Así pues, el objetivo es que el peso de la inversión del Estado en Cataluña sea proporcional al peso de la economía catalana en el PIB estatal.
