El tejido económico catalán, desde la pandemia, hace todo lo posible por reconducir el modelo productivo del país. Después de años de dependencia del turismo, con la construcción hundida, el valor añadido industrial en retroceso y el sector privado aún endeudado, las organizaciones empresariales han llamado a cambiar la forma en que se crea riqueza, priorizando las fábricas, los laboratorios y las consultorías sobre los bares y restaurantes. En los últimos 12 meses, según el gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, ya se empiezan a ver «brotes verdes», con avances de la productividad que dejan atrás la economía española; y también indicadores de que estas pequeñas hojas, según el director del organismo, Joan Ramon Rovira, «pueden convertirse en árboles» y generar toda una nueva estructura productiva para Cataluña. Según la corporación, sin embargo, fabricar mejor es solo una de las palancas con las que resolver el entramado económico del Principado: también hay que vender mejor. Y, en un «contexto de tensiones comerciales con otras zonas del mundo«, el negocio no parece estar garantizado. En este sentido, los expertos detrás del informe aseguran que los tratados que ha firmado la Unión Europea con potencias extranjeras -el Mercosur y India– tendrán un «efecto neto positivo» sobre la economía catalana, en tanto que abren nuevas puertas para la forma de facturar que, según ellos, debería priorizarse como país: más euros y menos toneladas. Una aceleración necesaria para un sector exterior que anhela sus propios brotes verdes, tras encadenar caídas consecutivas durante todo el 2025 por culpa de la guerra arancelaria lanzada desde EE. UU.
En caso de que el tratado comercial que abriría parte de las fronteras arancelarias entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay termine superando su particular vía crucis político y judicial, según el análisis de la Cámara, entre las beneficiadas figurarían no menos de 1.500 empresas catalanas; aquellas que, según el estudio de coyuntura económica, exportan de manera regular a la región. Según indica Rovira, los perfiles de estas compañías -y de aquellas que podrían sumarse sin las barreras impositivas que ahora obstaculizan el tránsito de mercancías por el Atlántico- constan, exactamente, entre los que busca Cataluña para fundamentar un modelo productivo más valioso. «Los productos que salen son de más valor añadido; y, los que entran, de menos», razona el experto. Es decir, de los países del Cono Sur, Cataluña saca euros cuando vende, pero toneladas cuando compra. De esta manera, la competencia abierta amenazaría principalmente a sectores de escasa aportación al crecimiento, muchos de ellos productos agrícolas; mientras que las cadenas de valor que se verían beneficiadas son las que busca potenciar el Principado, como la química, las manufacturas plásticas o la maquinaria.
Cestas diferenciadas
En la última década y media, Cataluña ha registrado un déficit comercial estable con las cuatro potencias del Mercosur: las exportaciones, en tendencia creciente, han oscilado entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros; mientras que las importaciones se han movido entre los 1.500 y los 2.000 millones, con la excepción del año 2022, cuando se superaron los 2.500 millones de euros. En ambos casos, se trata de un trozo pequeño del pastel exterior catalán: solo un 1,4% en ventas y alrededor de un 2% en compras. Según los datos, sin embargo, hay más margen de crecimiento a la hora de exportar, con dependencias muy bajas en cada uno de los sectores -un 3,5% en el subsector de la perfumería, o un 4% en la química, son las más altas-. A la hora de importar, sin embargo, los mercados latinoamericanos ya aportan al país una parte muy relevante de su bolsa de compras en ámbitos como los vegetales industriales, los residuos de la industria alimentaria o el papel reciclado, con un 44, un 37,5 y un 35,5%, respectivamente. Todos ellos, cabe indicar, sectores muy dependientes del volumen y con márgenes reducidos, que no van acompañados de aportaciones demasiado valiosas al crecimiento del PIB.
De esta manera, según los datos de la Cámara, el podio de las exportaciones catalanas al Mercosur lo ocupan la perfumería, la maquinaria y los productos farmacéuticos. Todos ellos ocupan la parte alta de la tabla, cabe añadir, a pesar de un peso arancelario gigantesco sobre sus negocios: los impuestos al comercio para las máquinas fabricadas en Cataluña son del 20%, mientras que para el conjunto de los productos químicos, son del 18%. Ambos forman parte de la lista de aranceles que serán eliminados en caso de que la parte comercial del tratado llegue a entrar en vigor. También destacan aportaciones significativas de la química orgánica, los aparatos eléctricos de consumo o la industria del automóvil -esta última, bajo un arancel del 35%-. A este listado, cabe decir, habría que añadir las ganancias indirectas, aquellas en las que los productos catalanes llegarían a Argentina o Brasil como parte de una cadena de valor más larga que termina contabilizándose como una exportación de otro país de Europa. El coche es un ejemplo relevante: los principales clientes de los fabricantes catalanes de componentes para el vehículo de motor son socios comunitarios, como Alemania o Francia; que verán cómo desaparecen los aranceles en un mercado que ya aporta 1.000 millones de euros al año, con un beneficio colateral evidente para Cataluña.
La alimentación: más de dos caras
Las ganancias de la industria, cabe decir, ya estaban descontadas por las protestas que el campo ha protagonizado en los últimos meses. Los productores agroalimentarios del país entienden que el tratado los sacrifica en el altar del coche alemán y la petroquímica tarraconense, y se sienten «moneda de cambio» para salvar un sector secundario más que amenazado por la nueva realidad del comercio internacional. Es cierto, según los datos de la Cámara, que la mayoría de las importaciones que atrae la UE desde el Mercosur son productos agrícolas; si bien la carne bovina o avícola no destaca en el listado. De hecho, una caída de los aranceles de los productos del campo que más vuelan del Cono Sur a Cataluña podría ir en beneficio de los ganaderos: las semillas oleaginosas y las plantas industriales; es decir, la soja brasileña, un producto esencial en la alimentación del ganado -y aún más después de que el otro gran exportador global, Estados Unidos, haya roto el orden internacional y desaparecido de las listas de aliados de los 27 a instancias de su presidente, Donald Trump-. En el caso de la venta, los productos alimentarios más beneficiados sobre el papel serían aquellos con etiquetas de denominación de origen, como los aceites o los vinos, de mucho valor en Cataluña. No obstante, ambos sectores ya han expresado sus dudas sobre la capacidad de las empresas locales para penetrar en mercados como Brasil o Argentina.
No todo son flores y violines, sin embargo, como reconoce el mismo Rovira: las quejas del campo tienen cierto fundamento, con la entrada sin límite de 47.000 millones de toneladas de carne de alta calidad -la conocida como cuota Hilton, que dejará de estar gravada si se aplica el tratado- y 99.000 millones de toneladas más de producto de menor calidad con un arancel bajo, del 7,5%. Las piezas de más valor ya llegaban a Cataluña, aunque en adelante lo harían a un precio más bajo; mientras que las menos cotizadas, aún bajo impuesto, «competirían con las carnes locales de menor valor», según el documento de la Cámara -de nuevo, en línea con la hoja de ruta de los expertos para el modelo productivo del país-. No obstante, la corporación reconoce que será necesario mantener la vigilancia sobre los flujos comerciales, que podrían superar los sectores locales, como alerta el campo. A este efecto, valoran las palancas de protección que han logrado los 27 en el tratado, como las cláusulas de salvaguardia bilateral que podrían frenar el comercio libre en caso de que un producto latinoamericano genere tensiones excesivas sobre algún sector vulnerable en Europa. También instan a mantener la vigilancia interna, para garantizar que los productos extranjeros que lleguen a comercializarse en el Principado cumplan con las «regulaciones de seguridad alimentaria, ambientales y laborales» que ya aplican los locales.
