Una de las medidas que las entidades desde hace tiempo proponen a las administraciones podría acabar llegando a buen puerto. El Govern ha anunciado este martes que estudiará la posibilidad de prohibir las compras especulativas de viviendas. Lo ha hecho de la mano de la portavoz del ejecutivo y consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, que ha confirmado que el gobierno encabezado por Salvador Illa «encargará informes jurídicos» para determinar si se puede aplicar esta medida.
«El presidente quiere agotar todas las vías que hagan que cualquier vivienda en Cataluña tenga preferentemente un uso residencial y evitar el uso especulativo», ha señalado Paneque, quien ha precisado que «cualquier propuesta que llegue» en esta misma línea deberá ser estudiada para valorar «si se puede hacer y si tiene un impacto positivo». La portavoz del Govern ha aprovechado su intervención para «agradecer a las fuerzas de izquierda» sus aportaciones en materia de vivienda y ha remarcado la sintonía que nota entre ellas en este tema. En este sentido, sobre la propuesta que han consensuado recientemente con los Comunes para crear un registro de grandes tenedores, la socialista ha apuntado que este será «un registro público donde se pueda saber, a la hora de cerrar un contrato de alquiler, si el propietario es o no un gran tenedor».
Un año crucial con 119.000 contratos que caducan
Es importante recordar que esta prohibición de las compras especulativas si no hay un compromiso de hacer vivienda social es una de las demandas que entidades como el Sindicat de Llogateres llevan tiempo reclamando y que se pusieron sobre la mesa durante la visita de la misión europea de vivienda que tuvo lugar el pasado mes de mayo en la capital catalana. La entidad se reunió con los eurodiputados para trasladarles la necesidad de regular los alquileres de temporada y de habitaciones para frenar la actividad de estos grandes inversores, que tienen ahora mismo barra libre para operar en la ciudad. Todo esto, a las puertas de un año 2026 que se prevé crucial para los inquilinos, ya que se calcula que caducan cerca de 119.000 contratos en todo el territorio catalán, 32.500 de los cuales en Barcelona.
