El Banco de España reclama aumentar el control sobre el funcionamiento de las leyes que se aprueben en el Estado español. El gobernador del regulador monetario español, el exministro José Luis Escrivá, ha propuesto en una comparecencia ante el Senado que todas las nuevas normativas incorporen disposiciones de «evaluación obligatoria» por parte de organismos independientes, ajenos al poder ejecutivo. Según Escrivá, la legislación española necesita una vigilancia «mucho más fina» de su funcionamiento, tanto antes como después de su aplicación definitiva, para asegurar que «cumplen los objetivos» para los cuales han sido diseñadas.
En el parlamento que protagonizó en la cámara alta, Escrivá ha reconocido que se trata de un problema que ha detectado en todos los niveles regulatorios españoles. «Cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insistí mucho en ello. Después, pude verlo desde dentro de la administración, y aún lo veo ahora desde fuera», reiteró el exministro. El modelo que toma como referencia es el de los países nórdicos y Dinamarca, que ya han establecido una serie de agencias independientes dedicadas a vigilar el buen funcionamiento de las leyes que se aprueban. Estas, además, pueden actuar de oficio, y «levantar la mano» si detectan que una norma no está sirviendo para lo que fue aprobada. El Estado, aseguró, «sufre un déficit evaluador» que especialmente se encuentra en el modelo fiscal a medio plazo. «En España se gestiona bien el medio plazo, pero le falta una perspectiva más larga», añadió el gobernador; quien considera esta característica la división entre los países con un buen funcionamiento del sector público y aquellos que presentan deficiencias.
El caso de las pensiones
Tal como recordó Escrivá, ya hay varias normas en el Estado que incorporan este tipo de mecanismos, con sus propias agencias de vigilancia. Es el caso de las pensiones, en las que consta un mecanismo de análisis que obliga a la misma AIReF a estudiar su funcionamiento cada tres años. Y, como en el caso escandinavo, si no se cumplen los objetivos establecidos, obliga a la Autoridad a intervenir de oficio ante el ejecutivo y el Parlamento. También el Ingreso Mínimo Vital abre la puerta a una «evaluación sistemática» por parte de la Agencia.
Aun así, detecta un problema importante respecto a la descentralización del Estado. La AIReF solo patrulla normativas que tienen la administración española como ejecutora. Solo vigila a los gobiernos regionales si estos mismos lo solicitan. «Las comunidades podrían tener sus propias agencias o medios de evaluación», solicitó el gobernador.
