La Autoridad Catalana de la Competencia critica el desajuste de las medidas de regulació de las VTC del último decreto español a la reciente sentencia del TJUE sobre el sector. Desde el ACCO, entre otras cuestiones, alertan que la norma no elimina la ratio 1/30, que limita a un vehículo de plataformas por cada 30 taxis circulante en las ciudades. Tampoco lo están, lamentan, los requisitos adicionales que limitan la concesión de licencias a los vehículos con conductor. De este modo, la Autoridad catalana critica que «el gobierno español ha desaprovechado la ocasión para poner en marcha un proceso de revisión completo» que establezca un marco regulador claro en el sector del transport bajo demanda.
Según la ACCO, la limitación a los vehículos con conductor es «inadecuada», pese a las «razones imperiosas de interés general» expuestas por el ejecutivo español –como por ejemplo la protección del medio ambiente o la buena gestión del transporte al espacio público–. Más allá incluso de esta justificación, Competencia constata que el decreto permitiría «restricciones cuantitativas adicionales». Los gobiernos regionales podrían, alerta la entidad, restringir la circulación de VTCs «sin que conste ninguna justificación o fundamentación a el respeto ni, mucho menos, ningún análisis sobre la proporcionalidad o la existencia de alternativas». Atendido este conflicto, la Autoridad asegura que vigilará las normas que se aprueben en Cataluña amparadas por este decreto para «informarlas desde una perspectiva de la competencia».
Facilitar la actividad
Según la ACCO, la regulación impulsada por las administraciones públicas sobre el sector del transporte bajo demanda «tendría que propiciar un en torno a mercado que posibilitara el desarrollo de la actividad, reconociendo los derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores» –un entorno que, según la valoración, no se daría bajo el decreto español–. Así, reclama que, en el esfuerzo regulador del sector de las VTC, se respeten «el principio de necesidad, proporcionalidad y no discriminación» para minimizar la «distorsión» al mercado. La norma, apostillan, tendría que buscar «tanto el beneficio de las personas consumidoras y usuarias como de la ciudadanía en general en términos de congestión y contaminación».
