La sentencia de Celsa ha dejado en manos de los fondos acreedores de la empresa más de 10.000 puestos de trabajo industriales, la mayoría de los cuales en Cataluña. Es por eso que el ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, ha reclamado este martes que el cambio de propiedad de la compañía catalana no altere la plantilla de la planta de Catellbisbal. En un comunicado, el consistorio del Baix Llobregat ha recordado que unos 200 trabajadores de la planta en cuestión —que ocupa unas 800 personas— son vecinos de San Andreu.
En este sentido, han asegurado que “es imprescindible mantener los puestos de trabajo”, además, el alcalde del municipio, Marc Giribet, ya ha pedido una reunión con los nuevos propietarios de la empresa. En el mismo comunicado, el municipio también ha puesto su mirada en las administraciones, instando en los gobiernos catalán y español a garantizar el cumplimiento “estricto” de los compromisos de los acreedores de “preservar e incrementar el valor de la compañía, manteniendo su integridad y conservando los puestos de trabajo”. El alcalde de San Andreu también ha anunciado que mantendrá reuniones con los representantes de los trabajadores y la Generalitat para “conocer las perspectivas de futuro”.
Compromisos de los acreedores
Después de conocer la sentencia, los acreedores de Celsa emitieron un comunicado donde aseguraban que algunas de las “prioridades clave” de la nueva propiedad y del nuevo consejo de administración serán “mejorar la gestión operativa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera”. Así mismo, señalaban que “están comprometidos” con el mantenimiento de la actividad en el Estado.
Además, también aprovecharon para dejar claro que el siguiente paso de los nuevos propietarios será “trabajar estrechamente con todas las partes interesadas” con el objetivo de garantizar que el plan de reestructuración se lleve a cabo “de la mejor manera posible”. Asimismo, también añadieron que son conscientes de “la naturaleza estratégica de la empresa y de su importancia para la economía española”. Según el comunicado de los acreedores, el plan aprobado por el juez es una solución con capital privado y que no requerirá la ayuda de la SEPI, valorada en 550 millones de euros.
Los nuevos propietarios también indicaron que el nuevo consejo de administración estará integrado por perfiles “muy respetados y de categoría mundial” y la empresa siderúrgica será dirigida por instituciones financieras “de prestigio internacional con acceso a capital, una amplia experiencia de gestión en empresas europeas y un horizonte de inversión a largo plazo”.
