El modelo de financiación de Cataluña no funciona, según el tejido empresarial del territorio. Sea por la carencia de inversión estatal, por la poca ejecución o bien por el retorno reducido en comparación a las aportaciones de Cataluña en el Estado, más de una veintena de organizaciones catalanas han asegurado que hay que cambiar de modelo. En un documento firmado por las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Fomento, PIMEC, Femcat, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía, se pide una reforma estructural y profunda del actual sistema o bien la implementación de un de nuevo, que podría asimilarse al modelo federal o un pacto fiscal.
Cataluña pierde dinero si se compara la recogida de impuestos con la posterior inversión que se recibe. En este sentido, el modelo español se basa en la equidad entre territorios, es decir, no siempre que aportes más al conjunto recibirás más. Este parámetro es el que ahora las organizaciones catalanas quieren cambiar, puesto que aseguran que no es eficiente. Es por eso que se han juntado y han publicado un documento que reconoce que «el actual sistema no es ni transparente, ni equitativo ni eficiente y representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña».
Entre los beneficios del modelo federal o del pacto fiscal, el empresariado catalán ha asegurado que en el primer caso, es un sistema que permitiría en el Estado y en los territorios compartir las mismas bases imponibles. «Es un modelo similar al de los EE. UU., que permitiría disponer de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal los ingresos que le corresponden», han dicho en el documento las organizaciones. En el segundo caso, el del pacto fiscal, aseguraría la suficiencia financiera de Cataluña. «La Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio, y asumiría un poder normativo sobre estos, similar al que asumen las comunidades forales», han concluido.
Las organizaciones, pero, no ha lanzado el mensaje vacío, sino que también han hecho un listado de los puntos claves que tienen que mejorar para que la reforma sea efectiva y coherente. Entre las cuales hay la mejora de los anticipos actuales, porque «limitan la capacidad de gestión tributaria, especialmente durante las crisis económicas», han aseverado. Por otro lado, también han explicado que es de vital importancia que se marquen de manera mucho más concreta las competencias legislativas de cada región, puesto que «es una de las principales fuentes de confusión y de conflicto entre las diferentes administraciones».
Un sistema más esmerado en la hora de repartir recursos
Sin duda, pero, los puntos más problemáticos que han descrito las organizaciones firmantes del documento son las desigualdades entre territorios. En este sentido, han puesto sobre la mesa un modelo que ayudaría a igualar la situación para todos los ciudadanos, puesto que han asegurado que en el sistema actual se contemplan un conjunto de variables específicas para asignar los recursos, como la estructura por edades de la población o la insularidad, pero no incluye el diferencial en el coste de la vida a los varios territorios. «Hay que tener presente que un euro no compra la misma cesta de productos en todas las comunidades», han comentado en el documento las organizaciones.
Por otro lado, también han criticado que no siempre se recibe la inversión necesaria para conseguir llevar a cabo todos los planes de infraestructuras que se necesitan. «Aquellos territorios como Cataluña con una mayor densidad y potencial económico, no están recibiendo un nivel de inversiones proporcional a sus necesidades, ni el volumen de estas inversiones es proporcional al peso que representa el PIB catalán en el del conjunto del Estado», ha lamentado las organizaciones. Es por eso que han pedido un nuevo reparto que tenga en cuenta esta situación y le ponga solución. Para acabar, las organizaciones firmantes también han pedido que haga pública toda la información necesaria para poder conocer las balanzas fiscales de todos los territorios con el Estado, un reclamo que ya se ha convertido en una constante, puesto que el gobierno español las mantiene en secreto.
