La Comisión Europea impone una multa de 120 millones de euros a Twitter, ahora conocida como X, por sus prácticas «engañosas» en la verificación de pago de los usuarios de la red social. Bruselas alerta que la compañía propiedad de Elon Musk ofrece un sistema de reconocimiento personal «engañoso», el famoso tick azul que han adquirido miles de cuentas en todo el planeta. Según el ejecutivo comunitario, la insignia premium «da a entender que detrás de una cuenta hay un usuario real»; cuando, mayoritariamente, no es el caso.
Además, acusan a la tecnológica de violar la normativa digital de los 27 por negar el acceso a sus datos de publicidad, y de bloquear el acceso a datos que deberían ser públicos bajo la ley de la UE, como las cifras de interacciones; una herramienta imprescindible para estudiar «cuestiones fundamentales», como los estudios de contenidos, la polarización política o el impacto de las redes en la salud mental de los usuarios.
Según la Comisión, las prácticas de Twitter violan las obligaciones instauradas por la ley europea de servicios digitales, la DSA, una de las medidas estrella del mandato de la presidenta Ursula von der Leyen en Bruselas. La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, la conservadora finlandesa Henna Virkkunen, ha acusado a la plataforma «de engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultar información en los anuncios o excluir a investigadores», una estrategia del silencio que «no tiene cabida en el internet de la Unión Europea».
Ignorando la Casa Blanca
La Comisión Europea ha emprendido esta ofensiva contra X a pesar de las amenazas que profirió el pasado fin de semana el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance. En una reciente publicación, precisamente, en su cuenta del antiguo Twitter, Vance aseguró que «la Unión debería apoyar la libertad de expresión, y no atacar a compañías estadounidenses por cualquier tontería». A pesar de los ataques de Vance, el ejecutivo de los 27 asegura que la multa es «proporcionada». Aplica 45 millones de euros por los «engaños» en la verificación; 40 más por ocultar los anuncios y unos 35 adicionales por la ausencia de datos públicos. Se trata de la primera aplicación en forma de multa de la DSA, y podrían llegar más, incluso dentro de la misma Twitter. De hecho, el gobierno lleva a cabo dos investigaciones que volverían a enfrentar a la tecnológica con la normativa continental.
