La familia Rubiralta ha perdido definitivamente el control de Celsa. El juzgado mercantil número dos de Barcelona ha dictado sentencia a favor de los fondos acreedores de la compañía catalana, el que implica cederlos la propiedad del gigante siderúrgico. Con esta sentencia, Celsa dejará de ser una empresa familiar y grupo empresarial, que da trabajo a 10.000 personas y factura 6.000 millones anuales, pasará en manos de fondos de inversión, que acumulas más de 2.000 millones de deuda.
En la sentencia, que no se puede recorrer, el juez ha considerado que el plan de reestructuración que presentó los fondos apenas hace un año está probado y se ajusta a la realidad. “En una moderna economía competitiva, el mercado es y tiene que ser el único árbitro de la supervivencia económica”, asegura la sentencia publicada este lunes.
Durante el juicio, celebrado antes del verano, la valoración de la compañía fue uno de los principales conflictos entre las partes después de que los acreedores solicitaran convertir 1.291 millones de deuda en el 100% del capital. De hecho, durante el juicio se contrapusieron los diferentes análisis de valoración por parte de las partes. Estas iban desde los 2.800 millones de euros aproximadamente que señaló Lexaudit, por parte de los fondos, hasta los 6.000 millones de euros calculados por Lazzard, un análisis que fue encargada por Celsa.
La nueva ley concursal, clave
A propósito de esto, hay que apuntar que este desenlace ha estado posible por culpa de la entrada en vigor de la nueva ley concursal. Esta nueva norma permitió a los fondos acreedores plantear la posibilidad de convertir la deuda que tenían con la empresa en acciones de la compañía, que es el que finalmente ha acabado pasando. Concretamente, la nueva ley española, los acreedores tienen un importe de deuda mayor que el valor de la compañía, pueden cobrársela accediendo a la propiedad.
Es por eso que el magistrado de la sala ha considerado que el plan de reestructuración que presentaron cumple con todos los requisitos legales necesarios y, además, considera que asegura la viabilidad del Grupo Celsa, una cosa de la cual desconfiaron durante el juicio tanto los Rubiralta como los sindicatos.
A pesar de dictar sentencia a favor de los fondos, el juez los ha recordado que su entrada al accionariado va estrechamente ligada al hecho que preserven el valor estratégico de Celsa en España, tanto a escala de ocupación como de producciones. “Tienen que cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y esto sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en conjunto”, sentencia el juez.
