El Tribunal de Cuentas comienza el nuevo año con fuerza señalando a varias empresas públicas españolas por la selección y salario de sus directivos. En concreto, el órgano administrativo ha identificado hasta nueve compañías estatales que no justifican en los nombramientos de su personal directivo la idoneidad o los méritos acumulados para ejercer en estas posiciones. Todas las firmas pertenecen al Grupo Patrimonio, que depende del Ministerio de Hacienda e integra principalmente un conjunto heterogéneo de empresas públicas encuadradas en sectores no industriales, que operan como instrumentos flexibles en la ejecución de políticas públicas singulares, o como herramientas al servicio de las políticas de los departamentos a los que estén funcionalmente adscritas.
El organismo fiscalizador basa su denuncia en un informe de fiscalización del área de recursos humanos que llevó a cabo entre los ejercicios 2016 y 2017, fruto del cual surgieron una quincena de recomendaciones para estas compañías en cuestión. Las nueve firmas señaladas ahora son las que no han cumplido en esta década las directrices apuntadas por el tribunal. En su informe, la institución presidida por Enriqueta Chicano indica que «un número significativo de recomendaciones continúa sin haberse cumplido», aunque el 36% de estas sí se han aplicado de manera total o sustancialmente. Los apartados con un porcentaje más elevado de incumplimiento son tanto los sistemas retributivos como los procesos selectivos «por la falta de criterios homogéneos y garantías de concurrencia y transparencia».

En este sentido, una de las recomendaciones formuladas por el organismo y acordada en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas es que los nombramientos y ceses del personal directivo se acompañen de una motivación que justifique el nombramiento o el cese, así como de los méritos de los candidatos designados y de su idoneidad para el desempeño del puesto.
Listado de compañías señaladas
Si entramos en detalle en las empresas señaladas por el organismo fiscalizador, encontramos algunas como Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa) o Acción Cultural Española. También aparecen en este listado la empresa Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Iepse) y la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa).
