La fusión entre Orange y MásMóvil se encuentra en la fase final de su aprobación. Después de meses estancada, la operación necesitaba el visto bueno de la Comisión Europea para efectuarse con éxito. Si bien es cierto que el organismo europeo nunca ha puesto trabas a la fusión, temía por la pérdida de competitividad del sector de las comunicaciones, puesto que la empresa resultante de la operación aglutinaría más de la mitad del mercado español. Es por eso que -según apunta un análisis de Scope Ratings– Bruselas habría puesto como condición de aprobación el reconocimiento de Digi como cuarto operador en el Estado.
En su valoración de la situación actual de la fusión, el analista de Scope Ratings, Jacques de Greling, se basa en las exigencias de la Comisión Europea para dar «luz verde» a una operación similar en Italia, en concreto, la de Hutchinson y Wind Tre. En aquel momento, Bruselas denominó a dedo el que sería el operador que sustituiría el agujero del mercado italiano. Iliad fue la compañía escogida, el que hace pensar al analista que la Comisión Europea «podría exigir la creación de un cuarto operador móvil en España, muy probablemente en torno a la filial española de Digi», que actualmente es solo un operador móvil virtual (OMV).
Para lo cual, De Greling apunta que Orange y MásMóvil tendrían que vender parte de su espectro y de sus componentes de red a Digi, así como subscribir un «acuerdo de itinerancia favorable» en el marco de las posibles condiciones que podría imponer la Comisión Europea para dar su visto bueno a la fusión. Aun así, esta operación no es segura y, de hecho, el mismo analista reconoce que hay diferentes operadores españoles que podrían hacer la función de condición de aprobación.
Un proceso prolongado por Europa
El pasado 28 de julio la Comisión Europea aplazó sin fecha su investigación sobre la fusión de ambas compañías por el hecho que no habían facilitado a tiempo determinada «información importante» solicitada por Bruselas, por lo cual la decisión definitiva se tomará más allá del 4 de septiembre, fecha inicial fijada para aprobar o no la operación. Según señaló en su momento la portavoz comunitaria de Competencia, Arianna Podesta, «una vez que las partes facilitan la información que falta el reloj vuelve a ponerse en marcha y el plazo para la decisión de la Comisión se ajusta en consecuencia». Sin embargo, pero, parece que Bruselas continúa investigando y, de momento, no hay ningún indicio que la actividad se retome.
