La renovación del vetusto parque móvil del Estado español podría encontrarse con un nuevo escollo. La patronal española de concesionarios, Faconauto, alerta contra la parada de los efectos del plan Moves a finales de año. El programa, dedicado a financiar la renovación de vehículos privados para conseguir una base de conducción más joven y menos contaminante, tiene su fin oficial el 31 de diciembre. La asociación empresarial, en este sentido, asegura que sufre por su renovación, que cuelga por culpa de «la parada política» después de las elecciones generales.
Faconauto teme que no haya plazo suficiente para renovar el programa. Se perdería, de este modo, parte de las subvenciones a consumidores finales para la compra de coches menos contaminantes, una parada que podría «paralizar el mercado». La medida desaparecería, además, en el que desde los concesionarios consideran un «año clave» para la transición ecológica del sector de la automoción en el Estado: sustancialmente atrasado en cuanto a la penetración de los vehículos eléctricos y lejos de los objetivos de infraestructuras de carga, el mercado español necesita conservar la actividad para atrapar los homólogos europeos.
Una «buena herramienta»
El plan Moves III, según los últimos datos del IDAE, había cubierto el pasado julio el 75% de su presupuesto total, que se elevaba hasta los 1.200 millones de euros. En este sentido, y todo y las conocidas trabas administrativas que todavía sufre el proyecto, desde Faconauto lo alaban como «una buena herramienta» para renovar el parque móvil del Estado; con una partía presupuestaria «importante» que se dedica.
Más allá de su continuidad, la patronal reclama «mejoras para que sea más eficaz». Los empresarios del sector reclaman, por ejemplo, un sistema de ayudas preconcedits que evite que el comprador tenga que pagar de su bolsillo el nuevo vehículo. En vez de una ayuda posterior, la asociación propone que el cliente «se lleve el descuento puesto»; es decir, que se aplique directamente una rebaja a la factura que posteriormente sería abonado a la empresa vendedora. También reclaman ayudas a las administraciones territoriales para «homogeneizar» los procedimientos, actualmente diferentes en cada región, así como una agilización del proceso en general.
