El BBVA pasa página tras el fracaso de la OPA al Sabadell. La entidad vasca ha retirado el recurso que había interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Moncloa de prohibir la fusión durante entre tres y cinco años en caso de que la oferta hubiera prosperado. Según ha avanzado el digital madrileño El Español y ha podido confirmar el Món Economía, el BBVA mantiene que el bloqueo impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez no tenía cabida en la ley de la competencia, dado que solo habría podido «mantener o mejorar» los remedios impuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en fase 2. Sin embargo, comunican al magistrado que, ya sin la OPA sobre la mesa, su demanda ha «perdido vigencia» y, por tanto, no la llevará hasta el final.
El banco vasco presentó el pasado mes de agosto un recurso ante el alto tribunal por las conclusiones a las que llegó el gobierno de Sánchez en su estudio en fase 3 del expediente. La intención de la Vela, todavía en plena batalla financiera contra el Sabadell, era adelantar los plazos de la fusión completa para realizar lo antes posible las sinergias de la operación. Los ahorros, cabe recordar, fueron uno de los puntos que el banco catalán más puso en duda, especialmente durante el período de aceptación de la OPA. La directiva de Josep Oliu y César González-Bueno aseguraba que, con prohibición de tres a cinco años, el BBVA tardaría varios ejercicios en completar la articulación completa de las dos compañías.
Más obstáculos legales
El recurso del BBVA no era la única amenaza que pesaba sobre el gobierno español por su gestión de la OPA al Sabadell. Solo dos días después de que el Banco de Bilbao presentara su queja ante el Supremo, la Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción por el bloqueo de la fusión. El ejecutivo comunitario aseguraba que el movimiento de la Moncloa podría haber contravenido puntos clave de los tratados fundacionales de la Unión Europea, como el libre establecimiento empresarial o la libre circulación de capitales. Además, Bruselas alerta que la normativa española de OPAs, así como la ley de supervisión de las entidades de crédito, podría superar los límites de intervención que la UE garantiza a sus estados miembros. Especialmente dudosa es la capacidad que la normativa otorga al ministro de Economía de bloquear unilateralmente una fusión cuando esta ya ha sido aprobada.
