La agricultura catalana continúa intensificando su conflicto con las instituciones europeas por los agravios que, a su parecer, están causando al conjunto del sector primario. Revolta Pagesa ha anunciado nuevas protestas contra la zona de libre comercio, además de contra los recientes recortes de la Política Agraria Común que ha impuesto la Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen. «Basta de normativas que condenan al campo a la desaparición y que deciden nuestro futuro desde Bruselas, sin conocer ni respetar el territorio», señalan en la convocatoria, lanzada este mismo miércoles por la mañana. Los productores movilizados se manifestarán, según han anunciado los organizadores, en el Puerto de Tarragona, en la N-230 a la altura de Les Bordes y en el Coll d’Ares, en un acto transfronterizo conjunto con la agricultura de Vallespir. Además, aseguran que habrá «concentraciones espontáneas por todo el territorio catalán» con las mismas consignas.
Según los agricultores, el acuerdo entre la UE y los países que forman parte de la zona de libre comercio latinoamericana -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- «permite la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos prohibidos». Los alimentos importados de la región están tratados, alertan «con pesticidas peligrosos y hormonas de crecimiento», y llegan al mercado manchados de «costos laborales mínimos, deforestación masiva y una evidente falta de controles reales». En este sentido, aseguran que un tratado de esta magnitud hace que el continente «pierda soberanía y seguridad alimentaria y ponga en riesgo la salud de la población», ya que el cuidado por los efectos alimentarios no es ni de lejos una prioridad para las autoridades del Cono Sur. En este sentido, exigen «que no se firme el acuerdo UE-Mercosur».
A la llamada contra el tratado comercial se añade una crítica más explícita hacia las instituciones catalanas. Según Revolta Pagesa, también alzarán la voz contra «los incumplimientos del acuerdo firmado en Cervera entre el Gobierno y el Gremio de la Agricultura Catalana», uno de los primeros entendimientos a los que llegó el ejecutivo de Salvador Illa con el sector a su entrada en el Palau de la Generalitat. «La mayoría de los compromisos no se han materializado», critican los campesinos, lamentando que «una vez más, las promesas de las administraciones quedan en papel mojado mientras el campo sigue ahogado». La inacción ejecutiva y la apertura a mercados menos regulados, constatan, garantiza un resultado «devastador» para el sector primario: «precios por debajo del costo de producción, explotaciones que cierran, pueblos que se vacían y un territorio cada vez más abandonado». Todo ello por culpa de unas políticas «diseñadas desde despachos lejanos y completamente desconectadas de la realidad».
El estado del acuerdo
La presión de la agricultura comunitaria, cabe decir, ya ha servido para poner en pausa el tratado UE-Mercosur con la oposición de varios países relevantes, con Francia a la cabeza. A finales de diciembre, el presidente, Emmanuel Macron, y el ministro de economía francés, Roland Lescure, lograron añadir a su causa contra el tratado al gobierno italiano de Giorgia Meloni, alcanzando el quórum necesario para bloquear la ratificación del tratado en el Consejo de Europa. En la otra trinchera, a favor del tratado, destaca el gobierno alemán de Friedrich Merz, que quiere abrir la puerta a sus productos industriales sin aranceles en América Latina; y el español, con las reivindicaciones del ministro de Agricultura Luís Planas, por los beneficios que genera para la industria química del Estado y para los subsectores alimentarios de alto valor añadido, como el vino y el aceite, prevalentes en buena parte del primario local. Por ahora, la Comisión negocia con los estados para añadir las reformas necesarias para que aprueben el tratado, si bien el margen es pequeño, ya que será difícil que los países del Mercosur acepten cambios estructurales, como la introducción de cláusulas espejo, que les obligarían a cumplir ciertas regulaciones europeas.
