La Generalitat de Catalunya ha contabilizado 635 casos de propietarios que pueden haberse saltado la limitación del precio del alquiler, pero solo ha cerrado una veintena. La consejera Sílvia Paneque admite, en una respuesta parlamentaria a Junts, que todavía hay 570 denuncias sin resolver (el 90%) y apunta que solo se han impuesto dos multas en un año y medio. Seis casos más ya se habrían resuelto, si bien el departamento no detalla en qué sentido.
Por otra parte, la Generalitat ha terminado archivando 57 expedientes porque son casos en los que no se han detectado irregularidades o bien porque no se han documentado suficientes pruebas. La administración también está recopilando información –con unas diligencias previas– en los 570 expedientes restantes. Las cifras denotan que el embudo ha crecido en los últimos meses: 124 informes se abrieron en el 2025 y 511 se han abierto entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2026.
El departamento destaca al mismo tiempo que no se puede contabilizar el número de expedientes que corresponden a alquileres de temporada o alquiler de habitaciones porque la mayoría de estos “están en fase de investigación” y añade que podría haber casos en los que “un mismo expediente puede contener diversas infracciones”. La petición de Junts solicitaba saber cuántos expedientes ha abierto el Gobierno y también en qué zonas del país se han iniciado, un detalle que la consejera no menciona en la respuesta.
La entrada en vigor de la Ley estatal 11/2025, a inicios de 2026, y del Decreto ley 1/2025 de la Generalitat, un año antes, obligan a los propietarios de las zonas tensionadas a respetar los topes de precios marcados legalmente en la zona. La oposición y los grupos activistas han pedido más inspectores para controlar que la ley se cumple en las áreas más afectadas, un aspecto que ha enfrentado a los partidos en los últimos meses.
El cuerpo de inspectores ha llegado tarde
Las pocas sanciones que ha emitido el Gobierno en este año y medio –especialmente durante los primeros meses, que costó arrancar el equipo de inspectores– ha encendido parte de la oposición, con los Comuns –con quienes el ejecutivo ha cerrado acuerdos en materia de vivienda– lamentando la lentitud con la que el ejecutivo ha comenzado a sancionar. «Todos quisiéramos ir más rápido, eso lo entiendo perfectamente, pero sabe también que debemos acreditar todos estos expedientes con la máxima seguridad jurídica», les respondió la consejera Paneque en noviembre del año pasado, tras las críticas de los socios de investidura.
El equipo de inspección debía crearse antes del verano pasado. El Gobierno aceleró su creación para que los Comuns aprobaran las primeras desviaciones de crédito presupuestarias –necesarias los primeros meses de legislatura porque el ejecutivo no encontraba los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos–, pero no es hasta inicios de 2026 que el cuerpo de inspectores ha estado plenamente activo. La diferencia se ve en las estadísticas facilitadas por el departamento; solo en medio año se han abierto 387 expedientes más que en todo el 2025.
Inicialmente, el ejecutivo de Salvador Illa se había comprometido a tener 65 inspectores bajo la gestión de Vivienda antes del verano de 2025 y llegar al centenar el resto del año. El acuerdo también implicaba sumar más efectivos a la Agencia de Consumo, el órgano que revisó el cumplimiento de la regulación del alquiler durante los primeros meses de la ley en vigor.
La ley de limitación del alquiler se aprobó en enero de 2025, pero no es hasta el 3 de febrero de 2026 que el Gobierno anuncia formalmente la apertura de los 13 primeros expedientes sancionadores (7 gestionados por la Agencia Catalana del Consumo y 6 por la Agencia de la Vivienda de Catalunya), además de anunciar cientos de diligencias abiertas.
