La estrategia comercial de la Comisión Europea ha sufrido un revés inesperado. La revuelta francesa y polaca contra el tratado comercial con el Mercosur -la iniciativa económica insignia del ejecutivo de Ursula von der Leyen en su segundo mandato en Bruselas- parece haber conseguido suficientes apoyos para crear una minoría de bloqueo que haga caer, al menos temporalmente, el entendimiento transatlántico. El pasado sábado, el ministro de Economía del gobierno de Sébastien Lecornu, Roland Lescure, se plantó al alertar que las condiciones acordadas con las cuatro potencias latinoamericanas que forman parte del área de libre comercio -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- son «inaceptables». Lo dijo en una semana clave para la expansión del libre comercio europeo; solo siete días antes de que la máxima dirigente de los 27 viajara a Brasilia para ratificar definitivamente el pacto, en una reunión de alto nivel con el líder de turno de la asociación comercial, el presidente brasileño José Inácio Lula da Silva. En las últimas horas, franceses y polacos han sumado a sus filas contra el Mercosur al gobierno austriaco y, aún más importante, al italiano; alcanzando los mínimos para formar un obstáculo infranqueable en el Consejo Europeo. Cabe recordar que un acuerdo de estas características exige el sí de 15 países miembros que agrupen al menos el 65% de la población regional. Con la alianza entre la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el líder francés Emmanuel Macron, el primer ministro polaco Donald Tusk y el joven canciller austriaco Sebastian Kurz, suman suficiente representatividad para detener el pacto y, con él, las ambiciones de Von der Leyen. Tanto que la Comisión ha aceptado posponer «unas semanas», hasta enero, la ratificación del pacto, para continuar unas negociaciones internas que desbloqueen las posturas opositoras, especialmente la de Roma.
El acuerdo con el Mercosur, cabe recordar, forma parte del día a día europeo desde hace más de 25 años. Comenzó a negociarse en el año 1999, y siempre ha sido una de las espinas que más han clavado en los consensos de la Unión. Von der Leyen se había fijado el objetivo de desbloquear las conversaciones y lanzarse a comerciar con los socios latinoamericanos sin los aranceles que ahora lastran las relaciones mercantiles. Según los análisis comunitarios, la industria europea sería la gran ganadora; especialmente la de maquinaria, la automovilística y la química, que tienen en el Cono Sur un grupo de clientes especialmente atractivo. Este dibujo sectorial explica el apoyo del canciller alemán, Friedrich Merz, y también del gobierno español que dirige Pedro Sánchez, al pacto con las cuatro potencias de América Latina: las empresas alemanas buscan desesperadamente mercados para reactivar sus ventas de coches, lastradas por los planes -ahora ligeramente más flexibles- de electrificación de la UE; mientras que las químicas del Estado, muchas de ellas con sede y operativas en Cataluña, tendrían un socio prioritario especialmente entre los importadores brasileños. Von der Leyen, cabe decir, se ha visto obligada a reconocer que todavía hay «problemas» con el pacto, y ha aceptado la demanda de Macron y Meloni de posponer hasta el inicio del año la firma en la búsqueda de «nuevos controles y salvaguardias» para los productos alimentarios que entren en los 27. Sin embargo, sostiene aún que el pacto es positivo, y que «abre nuevas oportunidades comerciales y económicas para nuestros estados miembro». «En un año dominado por los aranceles y las restricciones al comercio, el impacto positivo de este pacto es importante para toda la economía global», ha insistido la jefa del ejecutivo comunitario.

El factor Meloni
Cabe decir que esta ecuación también incluiría a Italia, que exporta maquinaria industrial por valor de unos 3.000 millones de euros al año a los países del Mercosur. Sin embargo, a diferencia del caso español, Meloni ha cedido a la presión de sus agricultores; que llevan años identificando varios agravios competitivos, como la inaplicación en los países terceros de las normas sanitarias de la UE, que facilita que los alimentos importados sean mucho más baratos. Ya en las primeras negociaciones directas, el ejecutivo de Roma mostraba sus dudas, si bien no llegó a alinearse con la posición crítica francesa. Ahora, a última hora, sí que ha accedido a plantear un bloqueo, si bien su posición es ligeramente más abierta que la de sus aliados. En un discurso ante la Cámara de Diputados -la cámara baja del legislativo italiano, equivalente al Congreso español- Meloni llamó a «esperar a un paquete de medidas adicionales para proteger el sector agricultor; y que este esté explicado y coordinado con el sector agrario». En este sentido, la líder ultra aclaró que «no pretende bloquear el tratado», aunque solo accederá a aprobarlo «cuando incluya garantías y reciprocidades para nuestros productos agrarios».
La demanda de las llamadas «cláusulas espejo», apartados del acuerdo que obliguen a los países terceros a aplicar sobre el producto que vendan a la UE las mismas condiciones sanitarias y ecológicas que se imponen a los productores interiores, ha sido ubicua durante las negociaciones. Incluso el Estado español ha intentado aplicarla, por medio del ministro Luis Planas; pero el encaje legal es prácticamente imposible, en tanto que la legislación de la Organización Mundial del Comercio no prevé que un territorio aplique sus normas sobre otro, ni siquiera mediante un pacto comercial. De hecho, el Parlamento Europeo intentó, este mismo miércoles, añadir a las cláusulas de salvaguarda y defensa de los agricultores europeos que incluye el tratado -y que el sector considera insuficientes- una obligación de reciprocidad. No llegó al borrador final, sin embargo, y finalmente ha caído de la agenda. Entonces, el partido de Meloni, Fratelli d’Italia, declaró por medio de su portavoz en la Eurocámara, Carlo Fidanza, que «las salvaguardias actuales son insuficientes, demasiado difíciles de aplicar, y no protegen el principio de reciprocidad». La defensa europea se limita a poner palancas para limitar las importaciones en caso de que un producto esté distorsionando el mercado local; si bien será especialmente complicado demostrar el agravio, y aún más lento poner en marcha el cierre fronterizo.
El sector agrario, en llamas
Coincidiendo con las negociaciones en la Eurocámara y en el Consejo de la UE, el sector agrario europeo ha vuelto a tomar las calles para enmendar el tratado comercial, y extender sus reproches al conjunto de la política agraria de Von der Leyen. Bruselas ha recordado este jueves la estampa de las protestas de enero y febrero de 2024, cuando el sector agrario catalán se unió a una ola continental de denuncia de las condiciones del sector primario. Las protestas se alargarán durante las próximas jornadas, también a escala estatal: Unión de Uniones, la organización agraria de la cual forma parte Unió de Pagesos, ya ha anunciado una marcha a Madrid para el viernes, con una participación catalana nutrida.
Miles de agricultores han marchado hacia la capital comunitaria -unos 8.000, según fuentes de la organización, con unos 500 tractores en marcha- han cerrado de par en par la capital belga para «replantear y revisar» el acuerdo completo, en palabras del presidente de la patronal catalana JARC, Joan Carles Massot, presente en la protesta. Por su parte, el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, ha alertado que la apertura de fronteras comerciales con América Latina es «la ruina del sector agrario y ganadero de toda Europa». El representante empresarial ha hecho un llamado mucho más drástico que el de su homólogo, y ha reclamado «dejar de lado las negociaciones» y dar marcha atrás completa al pacto. Durante las protestas, Von der Leyen se ha reunido con representantes del sector y ha reiterado, en un post en su cuenta de Twitter, ahora conocida como X, que la UE «ofrece una ayuda objetiva a las pequeñas explotaciones, a los agricultores y a los jóvenes agricultores» -una promesa que no parece haber calmado los ánimos entre los campesinos-.

El Mercosur, frustrado
Desde América Latina, las presiones habían escalado en las últimas semanas. Lula da Silva, que debía hacer de anfitrión para la firma definitiva del documento, llegó a poner un ultimátum a las instituciones comunitarias, y alertar que «es ahora o nunca». Sin una firma esta misma semana, la entidad supranacional «priorizará otros socios», como el Reino Unido o Japón, y dejará pasar el tren del área comercial con Europa. Sin embargo, en las últimas horas -y vista la minoría de bloqueo que se solidificaba-, Lula ha renunciado a su apuesta de máximos. «Si no es posible firmarlo ahora porque no está preparado, tampoco puedo hacer nada», ha suspirado en rueda de prensa este mismo jueves.
«Es un acuerdo que incluye 722 millones de seres humanos, 22 billones de dólares, da una respuesta de supervivencia y una oportunidad de mantener vivo el multilateralismo», ha enumerado Lula; argumentando que «los agricultores franceses no tienen mucho que perder» si compiten con los agricultores y ganaderos franceses. En la búsqueda de un pacto más seguro, el líder brasileño ha explicado que se puso en contacto con Meloni, quien le habría expresado una postura negociadora respecto al acuerdo. «No están en contra del tratado, pero enfrenta cierta incomodidad por parte de los agricultores italianos», ha razonado Lula. Hasta el punto de que, en su conversación, la jefa del ejecutivo italiano se mostraba esperanzada de «poder convencer» a las organizaciones agrarias del país en «una semana, o 10 días como máximo». El brazo que no parece capaz de torcer es el de Macron, contrario a cualquier semejanza de pacto de libre comercio con los cuatro países latinoamericanos. «Llegué a hablar con su esposa para que le abriera el corazón», ha explicado el líder brasileño, sin ningún efecto sobre su homólogo francés. Todo apunta, pues, a que Europa tendrá que esperar para tener un corredor comercial abierto con sus potenciales socios del sur. Unos días, al menos, que parecen poco comparado con los 25 años de negociaciones.

