La crisis de la vivienda lleva meses arrastrando subidas en el mercado del alquiler. Desde las administraciones, tanto catalanas como estatales, se ha intentado poner solución a estos incrementos estableciendo un límite de cuáles aumentos puede tener el alquiler. Desde finales de 2024 se calcula el índice de referencia para el alquiler, para marcar el máximo que puede subir el precio de este en el conjunto del estado español, una medida que ha sido cuestionada por parte de la Comisión Europea en su último estudio sobre vivienda que analiza los desarrollos del mercado y las políticas que se han aplicado en diferentes estados miembros de la Unión Europea. En este documento, se señala cómo estos límites en el precio del alquiler pueden afectar a la evolución del mercado de alquiler, generando “efectos ambiguos” en la oferta o “la asequibilidad” de la vivienda.
En este análisis de la CE, se señala que los topes al alquiler pueden “aliviar a corto plazo la presión del mercado de alquiler” al limitar las subidas excesivas, también pueden generar alquileres más altos en “mercados no controlados”, en el caso del estado español, en aquellas zonas que no están denominadas como tensionadas. El documento también añade que las “regulaciones excesivas” pueden crear “mercados duales” y hacer bajar la disponibilidad de las propiedades en alquiler ya que se genera un retorno más bajo para los propietarios, lo que puede llevar la oferta de alquiler a zonas no reguladas, trasladando el problema a otras áreas.
Efectos en el mercado de compra
Además, también se señala que establecer estas medidas de límite de alquiler a largo plazo también puede afectar al mercado de la vivienda de compra, haciendo subir el precio de estas porque se generan desigualdades entre la oferta -que no aumenta- y la demanda -que crece a consecuencia de la reducción de oferta en alquiler-.
En este documento, que analiza diferentes aspectos del mercado de la vivienda, se señala las diferentes medidas de límite de alquiler que se han establecido en diferentes estados miembros de la UE. En el caso del estado español, los contratos de alquiler no pueden aumentar por encima del índice de referencia, que está ligado a la evolución general del IPC, que este mes de septiembre se estableció en el 2,2%. En otros países como Italia y Bélgica se sigue un modelo similar de límite del precio de los arrendamientos que se establece alrededor de la inflación o el índice de precios al consumo.
