El comisario de inteligencia jubilado de la policía española José Manuel Villarejo ha comparecido esta tarde ante la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña. Una comparecencia que ha empezado el policía con cierta ironía. Villarejo ha querido dejar claro, a la primera oportunidad, a preguntas del portavoz del PSOE, que el plan contra el Proceso estaba dirigido por el entonces jefe del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Todo ello con el conocimiento de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, que quería «colaborar y ayudar en una operación de estado como era evitar la independencia de Cataluña».
En todo caso, Villarejo ha señalado también que anteriormente, bajo la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), se tenía «bajo control» a Jordi Pujol, con episodios como por ejemplo la surrealista de la vigilancia de «cabinas telefónicas» desde donde el presidente de la Generalitat se comunicaba con su abogado, Josep Piqué Vidal, y el financiero Javier de la Rosa, que después fueron colaboradores de la policía patriótica. El comisario también ha destacado que la intervención de la Guardia Civil fue clave en la operación de la Banca Privada de Andorra (BPA), a órdenes del CNI, con mandos como el teniente coronel Manuel Sánchez Corví y el coronel Francisco Almansa, a través del comandante Basilio. «Si doy más detalles me volverán a enchironar», ha advertido. En este sentido, ha relacionado la Operación Cataluña con los «encubrimientos» de las irregularidades de la corona que protagonizaba el emérito.
Una operación de estado
La tesis que Villarejo ha expuesto es que la Operación Cataluña era una «operación de estado que estaba diseñada desde dentro del gobierno [español]” con el CNP, la Guardia Civil y el CNI y donde “cada cual tenía su función”. Una arquitectura política y policial donde «recibía las órdenes del ministro hacia abajo» pero en que el peso del día a día lo llevaba el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. Por otro lado, aprovechando la buena relación que tenía con responsables de los servicios de inteligencia, compartía sus instrucciones. Unos servicios de inteligencia que habían propuesto poner carros de combate en lugares estratégicos en Cataluña en caso de independencia. Una proposición que Villarejo replicó recomendando apostar furgonetas de la policía porque «era más barato».
Así mismo, ha subrayado que el jefe de la comisaría de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, también era uno de los miembros de la policía patriótica pero que era un «igual» y que «colaboraba», no era un superior. Martín Blas tenía que utilizar sus efectivos, especialmente de Cataluña para «encontrar elementos que sirvieran de base por una futura actividad judicial» contra los líderes independentistas. De hecho, como el trabajo que hacía el mismo Villarejo del que ha presumido, «mis notas de inteligencia han servido para hacer informes de la UDEF que son causas abiertas». En este punto, ha concretado que se pusieron en marcha la operación contra los Pujol porque su entorno «había pasado de pedir el 3% al 7% para financiar las estructuras del Estado de cara la independencia». El objetivo era el clan Pujol, como «líder espiritual», y Artur Mas «un delegado del señor Pujol, porque el sucesor tenía que ser Oriol Pujol pero tuvo «problemas» por las ITV».
Boicot del CNI y la banca andorrana
En el capítulo andorrano, el comisario ha explicitado que tenían información sobre cinco mil cuentas corrientes en Andorra, de las cuales «2.000 eran de españoles y 500 de catalanes». Una información que fue parada por los servicios de inteligencia. «Fui boicoteado sistemáticamente cuando venía de la banca andorrana por el CNI», ha arreciado a preguntas de Vox. Un boicot que ha dejado entrever que era para proteger cuentas irregulares de la Corona. Así ha calificado de «buena estrategia» proteger uno de los grandes bancos de Andorra y después hacer pagar a otra entidad, como ha sido el caso del BPA. Atendido su relato, la nota del Tesoro norteamericano que provocó el cierre de la BPA fue por la presión de la Guardia Civil, de quién «el CNI se fía más». «No he estado en Andorra», ha clarificado.
De hecho, sobre la corona española ha enfatizado que ya en 2015 presentó varias denuncias ante el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) sobre «sociedades» del monarca para averiguar de donde venía o «no se mezclaran cuentas de fondos reservados con comisiones» como ha acusado de hacer a Félix Sanz Roldán. En este punto, ha destacado que dentro del CNI hay «fondos reservados y otros superreservados sin ningún control para operaciones inconfesables», como los utilizados en la operación de entrada en el domicilio de Corinna Larssen en Mónaco.
En este sentido, ha insistido que Félix Sanz Roldán visita cada dos meses al emérito para «arreglar el lío del dinero que tienen los dos». «Hay dinero de pagos de rescates a terroristas que se pierden por el camino», ha añadido. En este sentido, ha narrado que «se utilizaban los fondos superreservados por la Operación Cataluña, para poder comprar voluntades, o cambiar tertulianos». «Era una operación de inteligencia», ha concluido. También ha repetido que se hicieron cosas «chungas» como «no dedicar suficiente tiempo» a investigar el peligro del yihadismo, recordando que en 2015 ya hizo una nota de inteligencia sobre un imam que había venido de Bélgica a pesar de que no sabía su nombre. En definitiva, ha vuelto a pronunciar la expresión «susto» para referirse al 17-A.
