La ley de la vivienda es una de las medidas que más se ha criticado en los últimos meses. Sindicatos, patronales y organizaciones no dan por válida esta ley, puesto que -por motivos diferentes- ven complicada su aplicación y sobre todo su eficacia. Una de ellas es la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona que, mediante un estudio, ha puesto sobre la mesa el problema principal que le ven a la ley: Barcelona podría no ser considerada una zona tensa, es decir, la capital catalana podría quedar exenta del tope al precio del alquiler, según de la interpretación que hace el organismo barcelonés de la ley. «No es que en Barcelona no haya tensiones en el mercado de la vivienda, sino que la ley no lo contempla», ha dicho Joan Ràfols, presidente cámara de propiedad.
Teniendo en cuenta los parámetros marcados por la nueva ley de la vivienda para determinar una zona como área con mercado de vivienda tensa, Òscar Gorgues, gerente de la entidad, ha remarcado durante la rueda de prensa de este viernes que el esfuerzo de las familias para pagar un alquiler está por debajo del 30%. Por lo tanto, la capital catalana no entraría a formar parte de estas áreas controladas. Solo se podría hacer una excepción del distrito de Ciutat Vella. «El esfuerzo (renta familiar mediana) en 2022 a la ciudad de Barcelona fue de un 22,46% de media, muy por debajo del mínimo establecido», ha detallado el informe de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
En el caso del segundo supuesto por el cual se podría considerar la capital catalana una zona tensa, el organismo también ha asegurado que volvería a excluir Barcelona de la lista. Esta vez la relación es con la variación de la IPC y su crecimiento porcentual, puesto que la ley establece que en los últimos 5 años la variación porcentual tiene que superarse en 3 puntos. Según el ente, en este periodo, en Barcelona, el IPC mediano ha sufrido una variación de 11,64%, mientras que el precio del alquiler ha variado un 10,47% y el precio de compra un 13,27%. «Los datos indican que ninguna de las variaciones supera en tres puntos porcentuales el IPC mediano», ha corroborado el informe.
Si bien es cierto que los datos son oficiales, también se tiene que tener en cuenta que el que podría dejar afuera la capital catalana es una parte técnica de la ley, puesto que el organismo ha asegurado que «la valoración de la ley es claramente negativa porque no cumple los objetivos de dar el que dice que tiene que hacer, que es mejorar la accesibilidad de la población y las familias al mercado de la vivienda y del alquiler». De hecho, con la ley catalana, el organismo ya llevó ante el juez las incongruencias de algunas medidas y aseguran que esta vez se podría hacer el mismo: «Seremos activos en la defensa de los derechos de la propiedad. Si no está justificado el que hacen, continuaremos presionando«, dice el presidente del organismo.
Un parque de alquiler con poca oferta
La entidad también ha recordado que otra de las claves del tope al precio del alquiler es que haya oferta, un parámetro que le falta en Barcelona, puesto que la demanda supera la oferta de pisos de alquiler. «A medio y largo plazo, el control de precios de alquiler no funciona porque reducen la oferta, bloquean el mantenimiento y rehabilitación del parque edificado, benefician en la población con rentas más elevadas y dificultan el acceso a la vivienda para alquilar a las personas de menos recursos», ha dicho Ràfols.
En cuanto a la rebaja de 10 a 5 viviendas, la condición de gran tenedor, Ràfols ha explicado que «no tiene cabe sentido, ni es homologable a Europa, reducir la figura de gran tenedor, además de 5 viviendas». El mismo presidente del organismo ha recordado que el mercado de alquiler del estado español se caracteriza por los pequeños tenedores. «Este cambio en la definición de gran tenedor únicamente responde a una justificación para controlar los precios del mercado», ha sentenciado.
