Aprobación polémica en clave vivienda en el Parlamento Europeo. La Eurocámara ha dado este martes la luz verde definitiva al informe sobre la crisis de vivienda en el territorio comunitario que aboga por una regulación «flexible» del alquiler de temporada, limitando las causas del fenómeno a la falta de oferta y condenando las ocupaciones. El texto elaborado por el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, ha recibido el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales de Renew y los Conservadores y Reformistas (ECR). Solo los Verdes y la Izquierda se han posicionado en contra.
El informe ahora validado defiende que para abordar el impacto del alquiler de temporada en las principales ciudades europeas es necesario un «enfoque equilibrado» que «concilié el derecho a la propiedad privada» con «la necesidad de preservar la disponibilidad de vivienda y la habitabilidad de los centros históricos de las ciudades». Así pues, el texto recogido por la ACN admite que el aumento del alquiler de corta duración «puede ir en detrimento de la vivienda residencial, especialmente en regiones con alta intensidad turística», pero señala que se necesitan «más estudios empíricos para orientar la acción ante la proliferación de los alquileres de corta duración».
En cuanto al control de precios y las intervenciones estatales, el documento defiende que estas medidas pueden provocar «resultados inesperados» y afirma que «cualquier mecanismo de este tipo debería dirigirse a limitar las distorsiones del mercado«. También se recoge la necesidad de acelerar los permisos de construcción proponiendo marcar como objetivo para conseguirlos «un plazo de 60 días», o una reforma de la directiva del IVA para poder aplicar un tipo «superreducido al suministro y la construcción de viviendas, a la renovación y la modificación, incluida la demolición y la reconstrucción, y a la reparación de viviendas y viviendas privadas, así como al alquiler de bienes inmuebles para uso residencial».
Uno de los puntos que han generado más controversia es el apartado de las ocupaciones. El texto «condena firmemente la ocupación ilegal de propiedades privadas y públicas en toda Europa», pidiendo a los estados que protejan el derecho a la propiedad privada adoptando «medidas más estrictas para salvaguardar a los propietarios» y «mecanismos legales rápidos y eficaces para la recuperación de los bienes, incluyendo órdenes judiciales de desalojo oportunas».
Una cincuentena de las más de 1.400 enmiendas presentadas
Este informe ahora aprobado en el Parlamento Europeo recibió el visto bueno del comité especial de vivienda de la Eurocámara el pasado mes de febrero. Durante este tiempo, se presentaron más de 1.400 enmiendas al texto, de las cuales finalmente se aprobaron solo una cincuentena con el objetivo de sacar adelante un documento de «consenso». El informe ha terminado obteniendo la luz verde con 367 votos a favor y 166 en contra.
