El debate sobre la prohibición de las compras especulativas de viviendas está sobre la mesa. Después de que la semana pasada el Gobierno confirmara que «encargará informes jurídicos» para determinar si se puede aplicar esta medida, el sector inmobiliario ha querido salir al paso para denunciar lo que considera que sería una iniciativa no solo «desproporcionada» sino también «inconstitucional«. Representantes del sector como los agentes inmobiliarios, los promotores y constructores o los administradores han impulsado un informe jurídico donde rechazan frontalmente la posibilidad de bloquear la compra de vivienda «en función del uso«, advirtiendo que la medida agravaría los problemas actuales de acceso a la vivienda. A su parecer, la propuesta «ataca el núcleo esencial del derecho a la propiedad y lo hace irreconocible».
En el documento hecho público este jueves, el sector inmobiliario carga contra el concepto de compra «especulativa», que dice que «no tiene ninguna base jurídica» y afirma que quedarían afectados no solo los que compran para alquilar, sino también los que lo hacen para ceder la vivienda a familiares o rehabilitarla. Alertan que la prohibición no se ajustaría, tampoco, «a los principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica». De hecho, considera que no aportaría el resultado esperado y que los más afectados serían, precisamente, los que tienen problemas de acceso a la vivienda.
Sobre los efectos que la medida podría provocar en el mercado, aseguran que reduciría el parque de vivienda de alquiler, habría problemas para hacer contratos de alquiler con opción a compra u otros negocios como una cesión de uso o un usufructo, habría un freno a la renovación y rehabilitación y todo ello provocaría «un aumento de precios y una crisis de un sector tractor». Asimismo, se avisa que la medida podría generar «mercados paralelos y situaciones de fraude». Remarcan que una prohibición de este tipo, que «afecta el estatuto básico del derecho de propiedad», no se podría regular en el ámbito exclusivamente autonómico o local, siendo «necesaria» una norma estatal que consideran que «en ningún caso» podría ser un real decreto ley.
En contra del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Más allá de defender esta inconstitucionalidad de la medida, el sector inmobiliario señala que la prohibición de compras especulativas vulneraría el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe que los estados miembros adopten normas que obstaculicen o restrinjan la libre circulación de capitales. El comunicado lo firman la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia, y el Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña.
