Bruselas se enfrenta al gobierno español en plena batalla del ministerio de Consumo contra las aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano a los usuarios. La Comisión Europea ha expedientado a España por la multa de 179 millones impuesta en 2024 a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, que las sancionaba por imponer un suplemento en los billetes por cuestiones como el equipaje de mano o la reserva de asientos contiguos para acompañar personas dependientes. Según el ejecutivo comunitario, la ley española restringe la “libertad de precios” y la “diferenciación de servicios”, y contraviene la ley comunitaria.
Con la apertura de este expediente, desde la CE se da dos meses al Estado para que modifique la legislación o presente alegaciones a la carta de la Comisión si quiere evitar que el caso se eleve hasta los tribunales europeos.
El ejecutivo comunitario considera que las sanciones a las aerolíneas ‘low cost’ infringen la ley europea porque “no permiten a las compañías aéreas la aplicación de un recargo adicional para el transporte del equipaje de mano”. En este sentido, la Comisión Europea recuerda que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite a las empresas la libertad de fijación de precios cuando el equipaje de mano supere “unos requisitos razonables de peso y dimensiones”.
Poco después de conocer la apertura del expediente, el gobierno español ha asegurado que el aviso de la Comisión Europea «no altera las sanciones» a las cinco aerolíneas, recordando que estas también han sido recurridas ante los tribunales. Además, el Estado subraya que la Comisión Europea “no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones”, ya que eso es competencia del TJUE, aseguran.
Asufin atribuye el expediente a las presiones de las aerolíneas
Desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, han mostrado su preocupación por la apertura de este procedimiento contra el Estado. En un comunicado, desde la entidad aseguran que la apertura de estos expedientes son “habituales” pero lo que ven especialmente “llamativo” del caso es que “parece estar inducido por la presión de la industria” y fruto de presiones de Ryanair y otras compañías. Según Asufin, estos movimientos distorsionan gravemente la tarea de protección de los derechos de los consumidores por la que deberían velar los legisladores europeos.
Asufin ha añadido que la Comisión Europea ha abierto este procedimiento formal y lo ha hecho además “con una urgencia inusual, con el objetivo de evitar que otros países que están estudiando estas prácticas abusivas sigan el camino de España”. Según la asociación de usuarios financieros, la actuación de la institución europea trata “señalar a los que están protegiendo a los consumidores en lugar de los que están vulnerando sus derechos”.
