En la última década, el sistema de pensiones ha sido objeto de varias modificaciones ante los graves desequilibrios que afronta, y que previsiblemente se agravarán por el cambio en la composición demográfica. La implementación y posterior derogación del índice de revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad supuso un retorno a la casilla de salida en el ámbito de la reforma necesaria del sistema para resolver los graves desequilibrios. La propuesta conocida esta semana ha sido negociada entre los socios de Gobierno y teóricamente acordada con Bruselas.
En primer lugar, la propuesta de reforma busca modificar el periodo de cómputo de la pensión, que actualmente se calcula con los últimos 25 años cotizados. La propuesta es permitir seguir con el sistema vigente o bien escoger otro donde serán los últimos 29 años cotizados, de los cuales se podrán excluir los dos de peor cotización. Por lo tanto, en términos reales nos encontramos con un cómputo de 25 años o de 27, una vez excluidos los dos peores. La Seguridad Social llevaría a cabo los cálculos para aplicar el sistema más favorable a cada individuo. El objetivo es reducir el impacto de carreras laborales irregulares y asimétricas con penalizaciones en los últimos años. Por definición, este factor solo puede contribuir a aumentar el gasto del sistema, puesto que uno cotizando solo se cambiará al nuevo mecanismo de cómputo siempre y cuando este le sea más favorable respecto de la situación actual.
En segundo lugar, la propuesta también persigue aumentar los ingresos del sistema ante los fuertes desequilibrios presentes y futuros. El aumento de la base máxima de cotización, que para el 2023 se sitúa en los 4.495 euros mensuales, se produciría de manera progresiva a un ritmo de 1,2 puntos, mientras que las pensiones máximas lo harían al ritmo de 0,0115. Esto provocaría un crecimiento acumulado del 38% en la base máxima de cotización, pero solo del 3,15% en la pensión máxima, con una reducción muy importante del componente contributivo del sistema de pensiones, puesto que esta casi congelación provocaría que la ratio entre la pensión máxima de cotización y la base máxima de cotización cayera del 80% al 60%. Adicionalmente, se introduce una modificación a el mal llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) actualmente vigente, que impone un sobrecargo del 0,6% de las cotizaciones sociales, que aumentará hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima anual para dotar de más ingresos a un sistema que estará sometido a fuertes tensiones futuras.
Uno de los otros elementos es la llamada “cuota de solidaridad” por una parte del salario que actualmente no cotiza por la existencia de tipo y bases máximas de cotización. Se empezaría con un 1% a partir de 2025, que irá aumentando un cuarto de punto cada año hasta llegar al 6% en 2045. Esto solo aplicaría para los trabajadores que superen un determinado umbral salarial, alrededor de los 54.000 euros anuales. No se puede confiar la sostenibilidad del sistema a un determinado grupo de renta concreto, puesto que la sostenibilidad solo se puede conseguir con medidas generales y de alcance amplio. Algunas estimaciones indican que la suma de las rentas salariales que exceden este umbral de 54.000 euros ascenderían a alrededor de los 30.300 millones. Incluso aplicando un sobrecargo de tipos elevados todavía estaríamos muy lejos de conseguir la sostenibilidad del sistema.
La previsión es que el impacto de la reforma sea insuficiente para corregir la diferencia entre ingresos y gastos del sistema de pensiones a lo largo de las próximas décadas y la realidad demográfica acabe imponiendo nuevas reformas futuras. No es posible ignorar la restricción presupuestaria de manera indefinida. La implementación de las políticas públicas tendría que poder compatibilizar las modificaciones enfocadas a corregir las disfunciones estructurales detectadas con el hecho de tener una vocación de estabilidad que evite cambios drásticos en intervalos de tiempos reducidos, y más cuando se trata de políticas que se quiere que tengan una duración de largo alcance, en el caso de las pensiones, décadas.
