Telefónica ha negado este lunes que contemple un Expediente de Regulación de Empleo que dejaría en la calle a unos 6.000 trabajadores. La multinacional española ha negado, así, las informaciones adelantadas por el diario Expansión, que aseguraban que la tecnológica presidida por Marc Murtra estaba preparando un nuevo despido masivo menos de dos años después del último, que eliminó más de 3.400 puestos de trabajo. Fuentes de la empresa consultadas por la Agencia Catalana de Noticias han negado que «en este momento» se contemple ninguna salida colectiva, aunque apuntan que se están realizando «numerosos análisis en todos los ámbitos de la compañía». Ante la alarma de este mismo lunes, el sindicato mayoritario de la operadora, UGT, ha rechazado cualquier recorte de plantilla: «no compartimos que nuevas salidas sean necesarias para garantizar el futuro del grupo Telefónica», han subrayado en un comunicado.
En todo caso, las organizaciones sindicales ya han advertido que no habrá conversaciones para un hipotético despido colectivo hasta que no se conozca el plan estratégico de la tecnológica, que se presentará en sociedad el próximo 4 de noviembre, en paralelo a los resultados del tercer trimestre. «Sólo con un acuerdo con los sindicatos se podría permitir la aplicación de cualquier medida de adecuación de la plantilla», han insistido; avisando a la dirección que no aceptarán ninguna «medida traumática» para la plantilla. Además, han recordado que el convenio colectivo de empresas vinculadas a Telefónica, vigente desde 2024, limita la capacidad de la multinacional de despedir trabajadores hasta finales de 2026. Por tanto, incluso en el caso de que se planteara un hipotético ERE, Murtra y la dirección de la TelCo tendrían las manos atadas.
3.400 despidos
Parte de la animadversión de los sindicatos hacia un potencial ERE en Telefónica proviene de la experiencia del acuerdo de despido colectivo que se cerró en 2024. La dirección inició las conversaciones con los grupos de trabajadores con la idea de recortar más de 5.100 puestos de trabajo, alegando ajustes necesarios por la automatización de algunos departamentos. Finalmente, después de semanas de tira y afloja, sólo quedó un 33% de la cifra inicial, estos 3.420 trabajadores despedidos. Entonces, el costo para la tecnológica de este recorte de plantilla fue de unos 1.300 millones de euros, con una indemnización de unos 380.000 euros por trabajador de media. La inversión, sin embargo, será amortizada con cierta celeridad, dado que han ahorrado unos 285 millones de euros anuales. Cabe recordar, sin embargo, que hubo más solicitudes de baja voluntaria que plazas en el ERE. En este sentido, UGT reclama que, en caso de que se proponga un nuevo expediente, este tenga en cuenta la voluntad de salida de parte de la plantilla.
