La pugna entre el taxi y las plataformas de VTC continuará en los tribunales a pesar de la inminente aprobación de la nueva ley del sector. Dos agrupaciones de taxistas como Élite Taxi y Taxi Project 2.0 han presentado este viernes una demanda en la Audiencia Nacional contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por «proteger» a Uber, Cabify y Bolt. Las asociaciones consideran que Competencia archivó «sin investigar» las «prácticas colusorias y de competencia desleal» de las plataformas, permitiendo así su supervivencia en el sector.
Según denuncian los sindicatos en un comunicado emitido este mismo viernes, las tres empresas señaladas continúan «ajustando sus precios de manera simultánea y discriminatoria» para «cobrar más». Aseguran que hay «estudios independientes» que lo demuestran y, por este motivo, lamentan que la CNMC «decidiera mirar hacia otro lado» en marzo, cuando cerró el expediente que tenía sobre el caso. A juicio de las agrupaciones de taxistas, el organismo que preside Cani Fernández «incumplió su deber legal de proteger la competencia» y actuó como un «escudo de las multinacionales». Asimismo, critican que todo ello pretende la «destrucción» del sector del taxi.
Una normativa que costaría hasta 6.000 despidos
Cabe recordar que la proposición de ley para el sector del taxi se presentó oficialmente a finales de septiembre en el Parlamento. El proyecto cuenta con el apoyo de los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y ahora entra en un proceso de negociación y modificaciones que culminará en los próximos meses con el nuevo reglamento. No están de acuerdo ni la patronal Unauto ni las diferentes plataformas de VTC, que en las últimas semanas han alzado la voz para denunciar el sismo laboral que supondrá la aplicación de la regulación, que podría traducirse en hasta 6.000 despidos. Unauto ha calculado que, si la normativa sigue adelante como está previsto, se tendrán que pagar hasta 55 millones en concepto de prestaciones de desempleo y se perderían salarios por valor de 127 millones de euros al año que corresponden a esta parte del sector, que aporta a las arcas públicas 72 millones anuales.
Por su parte, Cabify, Uber y Bolt también cargan contra el proyecto de ley asegurando que provocará la destrucción de 4.000 puestos de trabajo solo vinculados a sus plataformas, empeorando las alternativas de movilidad en Barcelona. Las compañías niegan que las VTC compitan con el sector del taxi y defienden que pueden convivir en las calles de Cataluña.
