Las organizaciones RidersxDrechos y Taxi Project 2.0, organizadas a través del Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad, han interpuesto una querella criminal contra Glovo por el uso continuado de falsos autónomos desde 2015. Las dos entidades denunciantes consideran que la empresa de origen catalán, propiedad de la alemana Delivery Hero, ha cometido delitos contra Hacienda, la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. Esta denuncia ha estado posible gracias a la reciente reforma del Código Penal, puesto que ha abierto la puerta a juzgar la “persistencia” de este tipo de conductas y supone el primer paso para abrir la vía penal contra la empresa de reparto.
Taxistas y repartidores aseguran que relata que a pesar de tener “más de 50 sentencias en contra por la violación de derechos laborales” —una de ellas del Tribunal Supremo— Glovo “persiste en la violación sistemática de los derechos laborales, en rebeldía abierta contra las sentencias y en el fraude continuado”.
El Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad ya ha avisado que esta denuncia “es solo un primer paso” de todas las medidas que tomarán hasta que los responsables de estas empresas “respondan por la vía penal por tan crueles actas que llevan realizando desde hace tantos años y que como sociedad no podemos permitir ni normalizar”.
Cinco incumplimientos del Código Penal
A todo esto hay que recordar que la proliferación de estos falsos autónomos en el sector del reparto a domicilio, hay que recordar, obligó el gobierno español a impulsar, ya hace dos años, la conocida como Ley Rider. Ahora bien, todo y la nueva norma, la asociación en defensa de los trabajadores de plataformas digitales, denuncia que “los trabajadores se han continuado encontrando en una indefensión total” ante las empresas contratantes. En este punto, reprochan en el gobierno español que no haya “hecho pasos adelante” para evitar que las empresas “impongan las reglas del juego por encima de cualquier institución, incluidos los gobiernos de los estados”.
En concreto, el texto denuncia que Glovo incumple cinco artículos del Código Penal. Entre las conductas denunciadas, aseguran que Glovo obliga que trabajadores por cuenta ajena, a emitir una factura que es “falsa”. Este hecho supone que Glovo se deduce como gasto “la parte principal de la factura”, además de defraudar la aportación del IVA, con daño al erario público y a la Seguridad Social.
A la vez, también denuncian que la contratación de falsos autónomos se hace “con engaño y abusando de su situación de necesidad, por su especial situación de vulnerabilidad, y con grave perjuicio para sus condiciones laborales y de seguridad social”. Los denunciantes consideran que han incurrido en un delito de estafa al imponer condiciones legales y de seguridad social a los trabajadores que los perjudicarán.
Los hechos denunciados fueron declarados como probados por Tribunal Supremo el septiembre del 2020, en que se unificó doctrina fijando que los trabajadores tenían una relación laboral con Glovo y, por lo tanto, no podían ser considerados autónomos.
