El Tribunal de Cuentas Europeo ha alertado este lunes que la nueva estructura de la política agrícola común (PAC) puede provocar «retrasos» en el pago de ayudas al sector agrícola. A través de un comunicado, los auditores europeos señalan que la estructura jurídica de la nueva normativa es más «compleja», lo que se traducirá en «más incertidumbre» para los beneficiarios de las ayudas. Es decir, más incertidumbre para los agricultores. Por primera vez desde la creación de la PAC en 1962, el nuevo macropresupuesto europeo para el período 2028-2034 no contará con un fondo específico para el sector agrícola, sino que fusionará la financiación al sector agroalimentario y al desarrollo rural. En este sentido, el importe total de las ayudas solo se dará a conocer una vez los estados hayan adoptado sus planes nacionales de este fondo único.
La reestructuración de la política agrícola común debería dotar de más «flexibilidad» al macropresupuesto, tal como defendió la Comisión Europea en su propuesta, pero los auditores alertan que esto «reduce la predictibilidad» dentro del sector y, en última instancia, «pone en riesgo los objetivos de simplificación»: «Para los beneficiarios de los fondos, esto podría generar impredictibilidad en la fase de planificación sobre las cantidades que pueden esperar», señala el Tribunal de Cuentas. Al mismo tiempo, tal como apuntan en el comunicado, también ven «difícil» comparar el gasto de la PAC en el marco del actual macropresupuesto respecto a las posibles asignaciones futuras, lo que también suma incertidumbre para el sector.
Los riesgos de la nueva norma
Desde Bruselas defienden que esta nueva política agrícola común dota de más «flexibilidad» a los estados miembros para sostener el campo, pero también les dota de más incertidumbre. Es por eso que los mismos auditores subrayan que esta nueva manera de trabajar «no debe poner en peligro los objetivos comunes de la PAC», como unos ingresos justos para los agricultores, la protección del medio ambiente, la acción por el clima o la seguridad alimentaria. «Todo esto podría afectar negativamente la competencia leal y el funcionamiento del mercado interior», advierten. Así pues, el tribunal apunta que las diferentes instituciones europeas podrían trasladar otras disposiciones del presupuesto para «completar la política agrícola» y, en paralelo, instan a la Comisión Europea a desarrollar «de forma eficaz» su función rectora.
