El Parlamento de Cataluña debatirá este miércoles la propuesta de ley del taxi para avanzar finalmente en su tramitación. Seis meses después de que el PSC-Units, Junts, ERC, los Comunes y la CUP registraran el proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, la cámara catalana celebrará el debate sobre la totalidad de la normativa, que con toda probabilidad deberá salvar los recursos que presentará una parte del colectivo de los VTC. Con este planteamiento, se pretende ordenar el sector y establecer funciones específicas para cada tipo de servicio, entre taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos.
«Estamos convencidos de la seguridad jurídica de la propuesta. Pero en cualquier caso, durante el procedimiento parlamentario hay letrados y el Consejo de Garantías Estatutarias que vela por la seguridad jurídica de esta ley y de todas las que tramita el Parlamento», ha señalado al respecto la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en una comparecencia ante los medios este martes. La propuesta de ley deberá salvar mañana una enmienda a la totalidad de Vox antes de poder aprobarse definitivamente. Una vez superado este obstáculo, arrancará la tramitación legislativa que terminará de definir cómo queda el texto finalmente.
El proyecto que irá a debate mañana en el pleno del Parlamento reconoce el taxi como un servicio económico de interés general y lo sitúa en una posición preeminente con obligaciones de servicio público, como la universalidad, la accesibilidad y la continuidad, y con tarifas oficiales. También regula y limita los VTC como un servicio privado con un papel complementario que requiere, en todo caso, la contratación previa por parte del cliente. Además, se introduce una nueva modalidad de vehículos de alta disposición pensada para traslados en circunstancias o eventos concretos, servicios que deberían tener una precontratación mínima de dos horas y cubrir un tiempo, como mínimo, de una hora.
Conocimiento mínimo de catalán y régimen sancionador
La proposición también regula las empresas intermediarias de contratación de estos servicios de transporte, incluidas las plataformas digitales, y crea una infraestructura de datos para el seguimiento de los servicios y mejorar la planificación del sector. Entre otros aspectos, el texto pretende obligar a los taxistas a tener un conocimiento mínimo de catalán (nivel B1), fijando un plazo transitorio para obtenerlo, e incorpora un régimen sancionador con multas de hasta 6.000 euros por infracciones muy graves.
