La incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial podría “reformar” el sector público y hacer la administración más ágil, tal como señala la publicación ‘Crecimiento Empresarial y Buenos Puestos de Trabajo: El papel del sector público’ del Instituto de Estudios Estratégicos (IEE), el ‘think tank’ de Foment del Treball. La patronal ha lanzado la propuesta de “modernizar” la administración pública con estas tecnologías aprovechando “la ola” de jubilaciones de funcionarios en la próxima década.
El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que es una “oportunidad única” para hacer que el sector público sea “más ágil, eficiente y menos burocrático”.
En los próximos diez años se jubilará un 49% de los funcionarios del estado español y un 30% en Cataluña, apuntan. “No estamos planteando la sustitución de este 30% de funcionarios por IA”, asegura Sánchez Llibre, “sino incorporar nuevos perfiles profesionales a la administración que hablen el lenguaje de las nuevas tecnologías, como se ha hecho en el sector privado”. En este sentido, ha añadido que permitirían “crear puestos de trabajo más especializados”. «No se trata de sustituir personas por máquinas sino de facilitar la contratación de nuevos perfiles profesionales”, ha insistido el coordinador del ciclo y miembro del IEE, el exconsejero Felip Puig.
De hecho, una de las recomendaciones del ‘think tank’ de Foment es incorporar a la administración perfiles tecnológicos especializados en Big Data e IA, y reforzar la capacidad digital de los funcionarios públicos.
Mejor colaboración público-privada
Entre las otras propuestas para mejorar la administración y su interacción con el sector privado, Foment defiende que los procesos de contratación de obras y servicios rompan con los criterios centrados en el precio y se basen en el valor añadido del trabajo y la eficiencia.
Puig también ha puesto sobre la mesa la necesidad de una mayor agilización de los trámites administrativos -con la extensión de sistemas de ventanilla única y más declaraciones responsables- e instaurar normativas que sean eficientes y no supongan un mayor gasto económico. «Las nuevas leyes y normativas deberían tener en cuenta los costos para las empresas antes de aplicarse definitivamente. Deben ser viables», ha concluido Puig.
