El conflicto por el convenio colectivo agropecuario en Cataluña queda resuelto. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia previa del TSJC, de abril de 2024, al considerar que no es obligatorio trasladar automáticamente el salario mínimo interprofesional a las tablas salariales del acuerdo sectorial. De esta manera, da la razón a la parte empresarial de la negociación colectiva -Unió de Pagesos, la JARC y el Institut Agrícola Sant Isidre- en el choque de casi dos años que mantenían con los sindicatos mayoritarios, especialmente con UGT FICA, y aboca a las partes a continuar negociando los términos del nuevo convenio. El acuerdo, cabe recordar, está congelado desde 2020, cuando sindicatos y patronales chocaron por primera vez por la adaptación de las tablas.
Según la resolución judicial, que culmina el proceso en los tribunales después de que sindicatos y entidades agrarias no llegaran a ningún acuerdo, sostiene que la adecuación de las tablas salariales forma parte de la negociación colectiva, al igual que el resto de puntos de un convenio colectivo. «Deben ser objeto de negociación, teniendo en cuenta los diferentes complementos salariales previstos en el convenio», aseguran desde Unió de Pagesos. Es decir, el importe que debe estar en línea o por encima del SMI es el bruto final de la nómina de los trabajadores, y no necesariamente el salario del convenio. «La sentencia recuerda que el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores impide que la actualización del SMI modifique automáticamente los salarios de los convenios mientras los salarios profesionales, en el cómputo anual, sean superiores al mínimo», postillan. Tras la decisión de los magistrados, la organización acusa a UGT-FICA de haber «bloqueado el proceso negociador» con el recurso judicial. Consultadas por este medio, fuentes de la sectorial de industria de la UGT aseguran que «todavía deben analizar» el contenido de la decisión judicial.
Continuar negociando
Desde Unió de Pagesos celebran la sentencia, ya que «pone fin a un proceso judicial que había retrasado injustificadamente» el acuerdo con los sindicatos. Desde la entidad reiteran, como ya habían defendido durante el conflicto, que los empresarios del campo catalán «no han vulnerado en ningún momento los derechos de las personas trabajadoras del sector». Una vez resuelto el choque, instan a la UGT a «retomar las negociaciones que quedaron paralizadas» y volver a acordar un convenio colectivo, que permanece congelado desde 2020.
