La Unión Europea se ha propuesto luchar, de una vez por todas, contra la brecha salarial. Este lunes lo Consejo Europeo ha adoptado una normativa sobre transparencia salarial que exigirá a las empresas de la Unión Europea evaluar, junto con los trabajadores y sus representantes, si los análisis salariales muestran una brecha género de un máximo del 5%, como medida para reducir el actual 13% que separa el sueldo que un hombre y una mujer reciben por el mismo trabajo.
Ahora esta normativa pasará en manos de los 27 estados que conforman la Unión y estos lo tendrán que trasponer estableciendo un régimen de sanciones y multas para los empresarios que superen este 5% de brecha salarial. Además, las trabajadoras que hayan sufrido un perjuicio a consecuencia de una infracción tendrá derecho a reclamar una indemnización.
Final del secreto salarial
Una vez se aplique la legislación, el mandato del Consejo asegura que los trabajadores y sus representantes tendrán derecho a recibir información «clara y completa» sobre los niveles salariales individuales y medios, desglosados por género. A la vez, la nueva legislación requerirá que las empresas de la UE divulguen información que facilite a los empleados comparar salarios y expongan de manera transparente las diferencias salariales de género existentes, lo cual supone poner fin al secreto salarial.
Esto también provocará que las trabajadoras que consideren que no se ha aplicado lo principio de igualdad de remuneración y lleve el caso ante los tribunales, la legislación nacional tendría que obligar el empresario a demostrar que no ha habido discriminación. Por lo tanto, no habrá presunción de inocencia. Además, por primera vez, la discriminación interseccional y los derechos de las personas no binarias también se han incluido en el ámbito de aplicación de estas nuevas normas de transparencia.
La directiva sobre transparencia salarial entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los países de la UE tendrán hasta tres años para adaptar sus legislaciones nacionales de forma que se tengan en cuenta las nuevas normas.
Inicialmente, la obligación de transparencia salarial solo se aplicará a las empresas con 150 o más empleados, aunque dos años después de la fecha tope de transposición, el requisito de informar cada tres años se extenderá a las empresas que ocupan más de 100 trabajadores.
