La Generalitat presiona al Ministerio de Vivienda para acelerar la aprobación de un índice de precios que permita regular los alquileres en Cataluña. Casi un año después de la aprobación de la ley española de vivienda, la negativa del gobierno español a autorizar la aplicación del índice de referencia catalán ha impedido poner en marcha la regulación de los alquileres aprobada por el gobierno catalán. La consejera de Territorio, Ester Capella, ha explicado que continúa negociando con el Ministerio de Vivienda la mejor manera de aplicar el índice y confía que podrán llegar a un acuerdo pronto. “Lo estamos negociando, lo tendríamos que acabar de cerrar esta semana”, ha dicho Capella durante una visita de obras a una promoción de 192 pisos a la Marina del Prat Vermell, a tocar de la Zona franca, que la Generalitat ha comprado a Culmia y que dedicará al alquiler social.
“Espero y deseo que nuestras peticiones sean atendidas porque al final será el índice de referencia para muchos contratos y tiene que funcionar para que los precios del alquiler no suban y sean asumibles para el conjunto de la ciudadanía”, ha insistido Capella. La consejera ha defendido que la ley española prevé un sistema de índice de referencia, no uno solo, y que hay que tener en cuenta las “circunstancias y características” del mercado catalán para dotarlo de un índice a medida. De hecho, Cataluña ha sido el único territorio de todo el estado que ha pedido aplicar la contención de alquileres. “Si se quiere testar la ley, el único lugar estará en Cataluña”, ha afirmado.
Primera compra de un bloque en construcción
El Departamento de Territorio, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) acaba de comprar una promoción de 192 pisos en la Marina del Prat Vermell, una de las grandes reservas de suelo de Barcelona, para hacer pisos de alquiler asequible. La consejería ha pagado 39 millones de euros —poco más de 200.000 euros por cada piso— por un bloque que se tiene que acabar en 2025 y se destinará a alquiler social. Es la primera vez que el Incasòl compra un bloque que está en proceso de construcción. La promoción está ubicada en la calle Motors y combinará pisos de protección oficial con otras de privados. Inicialmente, la promotora Culmia tenía previsto destinarlos todos al mercado libre. “Para nosotros era muy importante esta intervención, no es una compra menor y es una intervención directa”, ha dicho la consejera.
En el primer trimestre del 2023, cuando Juli Fernández todavía era el titular de Territorio, el departamento se comprometió a incorporar 10.000 pisos de alquiler social hasta el año 2026. Según Capella, la consejería ha concretado el 60% de las actuaciones a través de la adquisición directa, el apoyo a la promoción de alquiler social o promociones directas del Incasòl. La Generalitat prevé comprar hasta 1.500 pisos de manera directa. En los últimos cuatro meses ha comprado 444 con una inversión global de 70 millones de euros.
