El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el impuesto a las grandes fortunas, aquel que graba el patrimonio neto de las personas físicas cuando tienen una cuantía superior a los tres millones de euros, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz-Ayuso. De este modo, este impuesto continuará siendo obligatorio después de que la mayoría progresista del Pleno haya aprobado por siete votos contra cuatro la ponencia redactada por la magistrada del ala progresista, María Luisa Balaguer, según han informado fuentes próximas a
El Ejecutivo de Díaz-Ayuso defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. En otras palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid quería deshacerse de este impuesto, puesto que creía que pisaba las leyes autonómicas que ya estaban vigentes. El Constitucional, por el contrario, ha desestimado los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas. Así pues, el impuesto se aplicará otra vez en el territorio.
Madrid no está sola
Ayuso, pero, no ha sido la única al poner sobre la tabla que este gravamen podía provocar un choque entre competencias estatales y autonómicas. En este sentido, además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo ha denegado. De hecho, la decisión adoptada este miércoles por el TC tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobara el impuesto. La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales en empresas energéticas y banca.
