La situación de la vivienda en Cataluña y en el estado español deja mucho que desear. La nueva ley de la vivienda no ha contentado a prácticamente ninguno de los actores sociales del Estado y su puesta en marcha ha estado de las más turbulentas. Es por eso, que todos los partidos se han abanderado de la crisis de la vivienda para hacer campaña en estas elecciones españolas del próximo 23 de julio. Si bien es cierto que la vivienda es un problema explicado de diferentes maneras, la solución es compartida para todos los partidos políticos: hace falta más parque público y alquiler social. Así pues, el consenso es más que evidente, pero las maneras de poner fin a la crisis parezcan encontrarse en posiciones completamente opuestas. Desde la derogación de la nueva ley hasta el uso de esta como punto de partida, todos y cada uno de los partidos dan sus claves esenciales para solucionar un conflicto que ha hecho perder todas las esperanzas de recuperación a sindicatos y expertos.
«Las propuestas de vivienda son el caballo de batalla de los partidos por estas elecciones», asegura Ferran Font, jefe de estudios de Pisos.com. El experto explica que todos los partidos se han implicado en esta crisis, pero que las maneras de gestionarla son completamente diferentes. Dando un paseo por los programas electorales por las elecciones, vemos como no hay ningún partido que no tenga en cuenta el parque de vivienda pública en sus propuestas. Desde las más conservadoras a las más progresistas, todas las iniciativas de los partidos en esta cuestión acaban llegando a la misma conclusión: se necesita construir o rehabilitado mucho más parco de alquiler social. «Podemos ver como hay un punto común entre todos los partidos y todos llegan a la misma conclusión» remarca Font, quien también asegura que esto no es ninguna garantía que lleguen a un acuerdo para solucionar la situación. «El ideal seria que pudieran llegar a pactos para conseguir más parque de vivienda pública a medio y largo plazo», concluye el experto.
Uno de los principales contrapuntos que podría deshacer esta posibilidad de consenso es la definición de quien tendría que poner en marcha estos proyectos de parque público. En este sentido, propuestas conservadoras y de derechas como el PP, reconocen que tienen que ser las empresas -a través de incentivos del gobierno- las encargadas de construir estos nuevos pisos, o bien renovar los ya existentes. De hecho, la propuesta del PP empieza queriendo derogar la ley de la vivienda, puesto que su pensamiento se encuentra a los antípodas del que obliga. La idea que las empresas sean las encargadas de llevar a cabo estos proyectos no es del todo disparatada, pero no sería la primera vez que se intenta y tampoco fue un gran éxito. De hecho, el Sindicato de Locatarias explica en un comunicado como CaixaBank fue una de las primeras compañías a postularse para proporcionar alquileres sociales, una situación que según afirma el sindicato, no acabó de ir del todo bueno.
«La Caixa ha recibido ayudas millonarias provenientes de diferentes escalas de administración para la construcción de un parque público de alquiler del cual, tenemos los indicios para decir, que ha sido amortizado durante los primeros diez años y ya se ha recuperado la inversión inicial» lamenta el sindicato. En concreto hablan del caso del alrededor de unas treinta promociones que se construyeron entre el 2002 y el 2012, con una financiación de más de 25 millones de euros por parte de la administración pública. «Ahora estas viviendas que han entrado en una segunda fase de protección y ya no garantizan los criterios de accesibilidad y protección oficial para los locatarios», dice el sindicato y añade que «se están gestionando de forma especulativa y sin garantizar los derechos de los locatarios». Así pues, parece que la promoción de las empresas en términos de vivienda social no acaba de ser la idea más acertada si nos remitimos al hecho que ya se ha probado sin éxito.
La ley de la vivienda como punto de partida
A la otra cara de la moneda encontramos aquellos partidos que sí que creen que la ley de la vivienda ha sido una buena decisión, en gran parte porque fueron o bien los que la construyeron o quienes le apoyaron. Aun así, también hay diferencias claras en la gestión de este parque público o más bien con la cantidad de vivienda que se propone construir. Por un lado, hay el PSOE, partido que en su gobierno de coalición puso en marcha esta ley. Su propuesta se basa a superar el 2% actual de parque de alquiler público que hay en todo el estado español, una iniciativa que implicaría la construcción de entre 180.000 y 190.000 viviendas nuevos o bien la rehabilitación de ya construidos.
El partido de Yolanda Díaz, Sumar, en cambio, se muestra más ambicioso en este aspecto y el programa electoral argumenta que utilizarán el 1% del PIB de la próxima década a construir y rehabilitado parque de alquiler público. «Destinar parte de el presupuesto es un muy buen comienzo», reconoce Font, a pesar de que añade que la propuesta podría ser «demasiado ambiciosa», puesto que por la crisis del 2008 se ha perdido mucho de tejido empresarial necesario para hacerlo posible. De este modo, pues, ambos partidos utilizan de guía la ley de la vivienda ya aprobada.
Aun así, ninguno de los dos partidos menciona si esta habilitación se haría a través de subvenciones a una empresa o desde el mismo gobierno. Es por eso, que el Sindicato de Locatarias vuelve a poner sobre la mesa la necesidad del hecho que no haya intermediarios, sino que sea la administración pública la encargada de gestionar este parque. «Las nuevas promociones de vivienda calificada de protección oficial se tienen que destinar en un parque público de vivienda en régimen de alquiler a perpetuidad. El suelo público sobre el cual se desarrollen las promociones tiene que permanecer en propiedad pública municipal y su cesión se hará en forma de alquiler», declara el sindicato.
La pérdida de competencias
Las elecciones del 23-J son españolas, pero tienen cierto componente de retorno en Cataluña, sobre todo en materia de vivienda. A pesar de que esta cuestión no ha sido una de las propuestas centrales de los partidos catalanes -Juntos, ERC y la CUP– algunas ideas podrían chocar con las propuestas de los partidos catalanes. La primera y más polémica es la iniciativa de Díaz sobre las áreas tensadas, puesto que su partido habría puesto sobre la mesa la necesidad de sacar las competencias de identificación de estas zonas de los territorios del Estado al gobierno estatal. «Sumar plantea que las zonas que cumplan con los requisitos sean identificadas siempre, a pesar de que la comunidad autónoma no lo pida», afirma el experto de Pisos.com. Esta situación podría afecta claramente en Cataluña, puesto que los partidos catalanes ya han empezado a mover sus propuestas de mejora en términos de vivienda y sobre todo de parque de alquiler. En concreto, Juntos asegura que quieren aumentar los fondos estatales para políticas de vivienda hasta el 0,6% del PIB, una cifra menos ambiciosa que la de Díaz, pero quizás más asumible. Aun así, el que ninguno de los partidos catalanes está dispuesto a consentir es la pérdida de competencias, el que dejaría fuera el posible pacto con Sumar.
Con todo, pues, los partidos tienen un problema común con un centenar de maneras diferentes de solucionarlo, pero sin ninguna clase de rumbo fijo. De hecho, tal como auguran los expertos, la vivienda continuará siendo una de las principales crisis de la actualidad y el acceso a un piso digno se podría llegar a convertir en un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Si bien es cierto que la situación es insostenible, Font reitera que la solución no se encontrará en un solo partido, si no los pactos son la última carta a jugar para «tener un plan coherente y efectivo a medio y largo plazo».
